Con el objetivo de garantizar la libertad de expresión, de prensa y de imprenta en Mendoza, junto con el Senador Ernesto Corvalán, hemos presentado un proyecto de Ley que reglamenta el ejercicio de este derecho, e impide que la autoridad pública pueda intervenir en la actividad del periodista y del medio de comunicación.

Buscamos garantizar la vigencia de la democracia y la república que ha puesto en peligro este gobierno de carácter totalitario, y evitar que desde el poder central se logre ocultar a las voces que piensan distinto, favoreciendo la corrupción.
Si el gobierno interviene dentro de los medios de comunicación que no son afines, no nos vamos a enterar más de nada, y la democracia será una cáscara vacía, fortaleciéndose un gobierno autoritario y corrupto que no defiende los derechos de las personas, sino los propios.
Frente a la grave situación amenazada por el gobierno Nacional, esperamos la acción del gobernador de Mendoza en defensa de las autonomías provinciales, que buscan ser avasalladas una vez más.
Ante las graves amenazas llevadas adelante por el gobierno nacional, nos vemos obligados a realizar un aporte a favor de la plena vigencia de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa, que deben ser resguardados de manera más explícita, por leyes que los garanticen frente al ataque del actual gobierno.
El presente proyecto de ley garantiza:
1) a favor del periodismo y de los medios de comunicación, que no se pueda intervenir, desapoderar, despojar, ningún inmueble, instalación, equipo, maquinaria, insumo o suministro necesario directa o indirectamente para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, tanto de periodistas como de medios.
2) que ninguna autoridad pública pueda intervenir en manera alguna, ni designar interventores, administradores o veedores, ni participar en la dirección de los medios de comunicación, cualquiera sea el soporte o modalidad que estos utilicen.
3) que en ningún caso corresponderá el secuestro preventivo, ni la intervención judicial, ni ninguna otra medida cautelar sobre bienes de los periodistas o medios necesarios para realizar su actividad. El acreedor podrá cobrarse de los mismos, sólo si no hubiere otros bienes sobre los que pueda hacerlo.
4) que ninguna norma o acto administrativo dictado en otra jurisdicción, puede afectar los derechos de los periodistas y de los medios de comunicación, garantizados porla Constitución Nacional, Provincial, Tratados Internacionales y por la presente ley.
A continuación podés ver el proyecto completo.
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