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Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la inscripción o la reinscripción, deberán fundarse en condiciones objetivas de admisión y no podrán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y a los pactos a los que la Nación Argentina adhiere. No pudiendo fundarse tal decisión  en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres.

 

Expediente Nº 54872

 

HONORABLE CÁMARA:

Ponemos a consideración de los Sres. Senadores el siguiente Proyecto de Ley que tiene como fin establecer la obligatoriedad de fundamentar la decisión negativa de la inscripción o reinscripción de alumnas/os de escuelas de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial de la Provincia de Mendoza.

FUNDAMENTOS

Días atrás, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley, que entendemos modelo, que servirá para evitar situaciones conflictivas en las comunidades escolares de dicha ciudad: la obligatoriedad por parte de las escuelas de gestión privada a fundamentar la negativa de inscripción o reinscripción de alumnas/os.
Decíamos que esta es una ley modelo por cuanto las razones que la originan pueden considerarse válidas al tratar el mismo tema en cualquiera de las provincias argentinas. El proyecto de autoría de los Diputados capitalinos Pablo Failde y Victoria Morales Gorleri, está solidamente fundamentado a partir de un eje clave: la masificación del sistema escolar como consecuencia de las diferentes crisis económicas que ha atravesado nuestro País. Estas han deteriorado las condiciones de la población en general, causando a su vez un proceso de fragmentación de los lazos sociales, e incrementando las demandas de la sociedad hacia las escuelas. Las mismas no estaban preparadas para enfrentar tal situación, lo que devino en un aumento de las situaciones de conflictos entre las escuelas y las familias.
Mendoza no escapa a ese contexto descripto con lucidez por los legisladores citados. Si bien en nuestra provincia han existido pocas situaciones conflictivas en la escala de las mencionadas en la ley porteña, es siempre mejor evitar estas dificultades. No existe legislación que reglamente en nuestra Provincia el derecho de admisión en las escuelas de gestión privada reconocidas oficialmente, lo cual es una omisión severa ante la importancia de la educación privada en el sistema educativo mendocino. Creemos que una ley que cubra tal falta servirá para prestigiar aún más la calidad de la educación privada mendocina, cubriéndola de toda sospecha de discriminación o mera arbitrariedad.
En párrafos anteriores destacamos el carácter paradigmático de la ley sancionada en Buenos Aires, y en parte de sus fundamentos basaremos nuestro proyecto.
Es necesario cumplir con los principios de igualdad y de autonomía de la voluntad expresados en la Constitución Nacional, reconocidos además en varios tratados internacionales firmados por nuestro país, por lo que debe encontrarse un equilibrio razonable entre los mismos. Los casos en los que la negativa de una institución educativa de gestión privada, impide inscribir como alumno o a reinscribir a un alumno en el ámbito educativo, es uno de los conflictos entre estos principios que forzosamente debe ser regulado, para evitar arbitrariedades manifiestas y actitudes discriminatorias hacia los niños y hacia las familias en general.
Asimismo estaríamos siguiendo lo prescripto por nuestra Carta Magna en el Art. 14, que consigna el derecho de todos los habitantes de la Nación a: trabajar y ejercer toda industria lícita; de asociarse con fines útiles; de enseñar y aprender.
En el Art. 42, la Constitución garantiza a usuarios y consumidores de bienes y servicios una información adecuada y veraz; la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno.
También estaríamos poniendo en práctica lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que nuestro país adhiere, que en su Art. 2 expresa lo siguiente:

“1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores, o de sus familiares”.

El mismo documento establece en su Art.12 que:

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

Además la Convención contempla expresamente el Derecho a la Educación en sus Art. 28 y 29:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.

En las observaciones generales para la aplicación del Art.29 puede leerse que:

“1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”.

El Derecho a la Educación está establecido en el Art. XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el que dice que:
“Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos”.

Y en lo relativo a los Deberes ante la sociedad establece en su Art. XXIX que:

“Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad”.

Es válido recordar el Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el cual reconoce que:

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Los párrafos precedentes justifican una normativa como la que solicitamos. La Constitución y los pactos internacionales reconocidos por nuestro País distinguen a la libertad y a la equidad como pilares de la educación nacional.
Por estos fundamentos y los que oportunamente se darán es que solicitaremos el tratamiento y posterior aprobación del siguiente Proyecto de Ley.

Mendoza, 17 de Abril de 2008.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN, CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1° – Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles, no podrán negar, sin causa justificada, la inscripción o la reinscripción a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente.

Art. 2° – Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la inscripción o la reinscripción, deberán fundarse en condiciones objetivas de admisión y no podrán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y a los pactos a los que la Nación Argentina adhiere.

Art. 3° – El padre, madre o tutor a cargo del alumno; o el/la alumno/a mayor de edad, podrá solicitar la fundamentación a la negativa de inscripción, mediante nota, telegrama o carta documento, dirigida a las autoridades de la institución educativa, en el plazo que establezca la reglamentación. En caso de que dicha información sea negada, podrá radicarse denuncia ante la Dirección General de Escuelas.

Art. 4º – La negativa de reinscripción a un/a alumno/a deberá ser notificada por la institución educativa, por medios fehacientes, antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo requerido.

Art. 5° – La fundamentación de la negativa de la inscripción o reinscripción deberá ser respondida por escrito en el plazo máximo de 20 (veinte) días corridos de recibida dicha solicitud.

Art. 6º – Al momento de la inscripción o reinscripción, la institución educativa deberá entregar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento interno actualizado. La firma de los mismos implicará un compromiso de aceptación de ambas partes lo que no podrá contrariar a lo establecido en el artículo 2º de la presente Ley

Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente Ley será Dirección General de Escuelas.

Art. 8° – La Dirección General de Escuelas dispondrá los mecanismos necesarios que faciliten y agilicen la recepción de reclamos y denuncias por incumplimiento de la presente Ley.

Art. 9º – En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, la autoridad de aplicación sancionará a la institución educativa mediante apercibimiento por nota, amonestación pública o en caso de reiteración, con las multas que establezca la reglamentación.

Art. 10º – La nómina de sanciones firmes que se apliquen a establecimientos educativos de gestión privada, en el marco de la presente Ley, deberán ser publicadas en el sitio de Internet de la Dirección General de Escuelas.

Art. 11° – La exhibición del texto completo de la presente Ley, tanto en el sitio de Internet de la Dirección General de Escuelas, como en las carteleras de los institutos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, será obligatoria.

Art. 12° – De forma.

Acerca de Carlos

Soy abogado, ex profesor universitario y actualmente trabajo en www.aguinagaabogados.com.ar
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1 comentario

Una respuesta a Estableciendo que las instituciones educativas de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles, no podrán negar, sin causa justificada, la inscripción o la reinscripción

  1. esto es exactamente lo que me esta pasando con mi hijo con la diferencia que no lo hicieron por escrito me lo informaron en LA ADMINISTRACION DECIENDO LA VICEDIRECTORA LA VA A LLAMAR ME INTERSA SU AYUDA

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