Te invito a leer un artículo que escribió Luis Rosales, analista político y miembro del Consejo Editorial de 24CON, sobre la crisis institucional vivida en Honduras en los últimos días.
Comparto que nada de lo hecho por José Manuel Zelaya justifica un golpe de estado. La democracia es el mejor sistema político conocido y debemos defenderlo en nuestro país y en cualquier otro en el que corra peligro.
Hago votos desde esta página para que Cuba pueda vivir muy pronto en un sistema democrático que le permita elegir libremente a sus gobernantes.
foto de Diario Los Andes
El sistema interamericano funcionó rápidamente. La solidaridad continental fue evidente y sin condicionamientos. Hasta la Casa Blanca no dudó ni un instante. El tema escaló hasta llegar a la condena unánime de las Naciones Unidas. Todo esto en respaldo del presidente constitucional de Honduras José Manuel Zelaya quien hace pocas noches fue arrestado por un grupo de elite del ejército, a punta de pistola, mientras dormía en la alcoba presidencial.
Un golpe de estado al mejor estilo de los que los latinoamericanos estamos más que acostumbrados, pero con una variante que lo intentó hacer pasar por un recambio institucional. No hay un general al mando, lo reemplaza el siguiente el orden sucesorio, que cuenta con el respaldo de la Corte Suprema y del Parlamento.
Algunas actitudes y decisiones de Zelaya son criticables. Alguien que asumió representando a un partido de raigambre conservadora, ciertamente traiciona el mandato popular si en medio de su gobierno gira 180 grados y decide comenzar a militar en el bolivarianismo chavista. Sus índices de popularidad recientes indicaban cierta contrariedad del electorado ante tal inesperado y brusco cambio. Para reafirmar esta nueva ideología del magnate ganadero devenido en presidente, comenzó también a poner en práctica el manual del buen bolivariano: intentar reformar la constitución y perpetuarse en el poder. Pero este último asunto resulta muy sensible en la atípica Honduras, que encontró en la prohibición expresa de la re-elección presidencial, un método muy eficaz para que evitar que surgieran los típicos presidentes vitalicios que gobernaron a diestra y siniestra el istmo y las islas del centro de América.
Pero nada de esto justifica un golpe de estado. Desde hace algunos años, lo máximo que se acepta por estas tierras, especialmente en Sudamérica, son las renuncias forzadas de presidentes democráticamente electos por puebladas, espontáneas u organizadas, que hacen inviable la gobernabilidad, a lo que se suma la negativa de las fuerzas armadas de reaccionar contra las multitudes exaltadas. De esta forma se fueron varios mandatarios ecuatorianos, de la Rúa en Argentina, Sánchez de Lozada en Bolivia y sigue la lista. Lo que no se tolera es que sean militares armados los que interrumpan el orden constitucional, por más órdenes legales que se dispongan y por más que exista el respaldo de otras instituciones del estado.
El mundo entero apoya la continuidad de Zelaya. Aplaudido en la ONU, abrazado por sus colegas y hasta con la promesa de la compañía personal de otros jefes y jefas de estado en su regreso prometido a Tegucigalpa, para evitar un casi seguro arresto, ha conseguido aislar a los golpistas que de pronto ven cerradas todas las puertas. Incluso las del poder imperial de los EEUU, que con Obama a la cabeza, aprovecha claramente esta ocasión para enviar una señal clara representativa del cambio de época.
Con tanta presión internacional, el depuesto seguramente regrese a su puesto, pero tendrá que moderar sus ambiciones hegemónicas. Entender que la sabia cláusula de la alternancia del poder deberá ser respetada. Que los cambios, imprescindibles en la muy injusta sociedad hondureña, tienen que hacerse con más libertad y democracia y no generando liderazgos unipersonales casi autoritarios. El respaldo de los votos no tiene que permitir constituir nuevos autócratas, aunque esta vez sean populares. Las reformas pueden hacerse desde posiciones reformistas y de tinte progresista pero sin alterar el orden democrático e institucional. Lula en Brasil, Bachelet en Chile o Tabaré en Uruguay muestran el camino.
LUIS ROSALES
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