No podemos permitir que los reclamos sindicales terminen bochornosamente como ha ocurrido en la Provincia de Mendoza hoy a la tarde.
La violenta reacción de algunos empleados públicos amparados en la actividad sindical es inaceptable y debe ser duramente rechazada, pues las razones no se imponen por la fuerza y nadie tiene derecho a “pegarle” a otro para imponer sus ideas o para reclamar por lo que se cree justo.
Creo que la justicia debe intervenir en este hecho delictivo que algunos han cometido lesionando a funcionarios y rompiendo bienes del Estado.
Se deben tomar medidas administrativas contra los empleados públicos que han actuado violando la ley y actuando en forma violenta. No podemos pagarle un sueldo a quienes actúan de esta forma.
Esto no significa “apoyar” al gobierno, sino rechazar los actos de violencia provengan de donde sea.







