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Trabajo conjunto elaborado con Omar De Marchi sobre el impacto negativo en Mendoza con la cofiscación de YPF.


La estatización de YPF planteada por el Gobierno Nacional será un muy mal negocio para Mendoza. La participación que el proyecto de ley de expropiación propone para la Provincia es solo simbólica y en la práctica solo implicara más centralismo, menos recursos y regalías y menos inversión y producción.

Tristemente, los gobernadores han quedado atrapados por un relato épico de pacotilla, que en los hechos será un retroceso histórico en la capacidad de las provincias de decidir sobre sus propios recursos naturales.

Cuatro razones sintetizan los motivos por los que creemos el proyecto de expropiación enviado al Congreso debe ser rechazado por quienes verdaderamente defiendan los intereses de Mendoza.

Podés leer el documento completo a continuacíón.

La estatización de YPF planteada por el Gobierno Nacional será un muy mal negocio para Mendoza. La participación que el proyecto de ley de expropiación propone para la Provincia es solo simbólica y en la práctica solo implicara más centralismo, menos recursos y regalías y menos inversión y producción.

Tristemente, los gobernadores han quedado atrapados por un relato épico de pacotilla, que en los hechos será un retroceso histórico en la capacidad de las provincias de decidir sobre sus propios recursos naturales.

Cuatro razones sintetizan los motivos por los que creemos el proyecto de expropiación enviado al Congreso debe ser rechazado por quienes verdaderamente defiendan los intereses de Mendoza.

1)     El poder de Mendoza de fijar una política energética propia se reduce a cero pues YPF se apropiará de los derechos de exploración y explotación futura, como ya hizo en el pasado. La propiedad de los recursos establecida en la Constitución pasa a ser una cáscara vacía. Y la política energética provincial, un simple endoso a los planes de los funcionarios nacionales designados en YPF.

2)     Las acciones que el Gobierno Nacional le ofrece ceder a Mendoza no tendrán valor real. La ley de expropiación establece que no se pueden transferir y que el ejercicio de sus derechos políticos y económicos solo podrán ejercerse en forma conjunta con la voluntad del Estado Nacional, que mantiene la mayoría y el poder de decisión. Con respecto a los eventuales dividendos de las acciones, el Gobierno Nacional ya está anunciado que en lugar de distribuirlos aplicará la renta de la empresa a financiar su política de subsidios a los combustibles. Así que es improbable que Mendoza reciba algo.

3)     El Estado Nacional como empresario siempre fue un muy mal pagador de regalías petrolíferas. Los mendocinos eso lo sabemos pues ya tuvimos en el pasado que recurrir a la Corte Suprema para que después de muchos años nos reconocieran algo de nuestros derechos. Ni hablar de los antecedentes de este Gobierno a la hora de distribuir recursos a las provincias cuando puede evitarlo o manipularlo.

4)     En lugar de incrementarse, las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos en Mendoza disminuirán. El Estado Nacional y provincial están en serias dificultades fiscales y no tienen los enormes recursos que es indispensable invertir para asegurar el abastecimiento energético. Y al resto de los productores les tomará un buen tiempo asimilar el duro golpe a la seguridad de las inversiones que una expropiación patotera están causando en el mercado. El resultado más lógico será un congelamiento de los proyectos de inversión.

La estatización no beneficia a nadie pues aumentarán los problemas de abastecimiento energético y profundizará aun más la crisis. Aislándonos del mundo nos alejamos cada vez más de obtener las inversiones necesarias para lograr el abastecimiento energético.

El Gobierno Nacional tapó la crisis energética comprando petróleo y gas importado, pagándolo más caro, y subsidiando su venta en el mercado interno con recursos del fisco. Este parche de corto plazo fue llevado al extremo de complicar las cuentas fiscales y el balance de pagos de un Gobierno cada vez más acorralado de alternativas de financiamiento.

La única forma de solucionar este problema de fondo es lograr un flujo continuo, estable y muy fuerte de inversión para aumentar la producción nacional y garantizar así el abastecimiento futuro. Por eso, tomar el control en forma forzada de la principal empresa del sector energético (y de la economía nacional) no ayuda en nada a atraer inversiones, y solo logrará espantar a los potenciales inversores que tienen la capacidad de hacerlo.

Los subsidios energéticos del Gobierno Nacional se multiplicaron por 20 desde 2005 y llegaron a $ 40 mil millones en 2011. Con la expropiación de YPF, solo se esta buscando apropiarse de los $ 5600 millones de renta anual de la empresa para continuar pagando esta desquiciada política de subsidios, que se estima llegaran a $60 mil millones en 2012. Los gravísimos problemas de fondo del abastecimiento energético del país continuarán sin resolverse y se agravarán. Mientras, Mendoza perderá derechos sobre sus recursos, autonomía de decisión y potenciales inversiones. Un mal negocio para todos.

Acerca de Carlos

Soy abogado, profesor universitario y actualmente ocupo el cargo de Senador Provincial en la Legislatura de Mendoza. Presido el bloque desde 2007.
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1 comentario

Una respuesta a YPF: Un mal negocio para los mendocinos

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