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Se aplicará a muy poco tipo de delitos (sólo los federales) y requiere de un cuerpo de Fiscales independientes que no pueden ser manejados por la militancia de Gils Carbó.

procesal-penal-01El Código Procesal Penal de la Nación, regula el procedimiento a seguir ante la Justicia Federal cuando ya se ha cometido un delito. No es una ley que busque evitar que ocurran delitos, sino que determina la actuación de jueces, fiscales, imputado y víctima cuando un delito ya se realizó, a efectos de determinar las responsabilidades penales.

Tampoco se ocupa de todos los delitos, sino de los que son de competencia federal, detallados en la ley 48, cuando se afecta el interés del Estado Nacional que este debe custodiar por ser inherente a su existencia. La enorme mayoría de los delitos son de competencia de las provincias (homicidios, robos, estafas, violaciones, lesiones, etec). A modo de ejemplo, son federales los delitos vinculados a estos temas:

Drogas (tenencia, comercio, tráfico)

Contrabando.

Ley Penal Cambiaria.

Ley Penal Tributaria.

Lavado de Dinero.

Secuestro Extorsivo.

Delitos Electorales.

Falsificación de documentos públicos o moneda.

Fraude al Estado Nacional (corrupción)

Servicios de Telecomunicaciones (correos electrónicos, Facebook)

El sistema acusatorio es preferible al inquisitivo, y pone en cabeza de los Fiscales el trámite procesal y el Juez se limita a resolver la situación del acusado. Es el sistema que se aplica hoy en Mendoza para los delitos provinciales. En el antiguo sistema inquisitivo el Juez es el que lleva adelante el proceso y también el que resuelve la situación del acusado.

Es importante para el sistema acusatorio contar con Fiscales Independientes del Poder Ejecutivo, por lo que se necesita una Ley de Ministerio Público que garantice que los Fiscales no cumplan órdenes del gobierno beneficiando a los funcionarios acusados de corrupción contra el Estado Nacional por ejemplo.

La “puerta giratoria” ha sido defendida siempre por el gobierno de la última década, que ha impulsado normas procesales que beneficiaban al imputado y le permitían recuperar la libertad de manera casi automática y se opusieron a todas las medidas de política criminal que impedían que los acusados salieran en libertad de manera casi automática.

Estigmatizar a los extranjeros por la comisión de delitos es un argumento de alta fragilidad conceptual, pero de fuerte impacto mediático. En un país que no lleva índices de delitos por decisión del gobierno, hacer foco en los cometidos por extranjeros no es serio desde el punto de vista científico ni político, sino más bien una medida marketinera de baja calidad en lo que a políticas públicas eficaces y eficientes se refiere.

Acerca de Carlos

Soy abogado, profesor universitario y actualmente ocupo el cargo de Senador Provincial en la Legislatura de Mendoza. Presido el bloque desde 2007.
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