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Argentina necesita un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que garantice un abordaje temprano a favor de jóvenes que han cometido algún delito que los ayude a salir del camino delictivo.
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¿Por qué se debe modificar el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil?

Porque el actual sistema, proveniente de la dictadura de los 80, está en crisis. No establece reglas claras respecto a los derechos y obligaciones del menor. No se ubica dentro de los parámetros establecidos por las normativas internacionales más avanzadas que regulan los derechos y obligaciones de los menores, y no ofrece una solución al problema del menor y su integración social cuando ha cometido algún delito o comenzado un camino delictivo.

Según Unicef Argentina, la normativa actual es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, y los menores no tienen los mismos derechos que los mayores al ser juzgados.

Por eso, Argentina necesita discutir de manera integral un moderno Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que sea una herramienta útil que permita realizar un abordaje temprano del problema de los jóvenes que han cometido algún delito, y que les sirva de ayuda para salir del camino delictivo.

No se puede seguir como hasta ahora escondiendo el problema, invisibilizándolo, y dejando desamparado al joven que ha cometido un delito. El desafío hacia adelante es poder acompañar al menor apenas comete el primer hecho delictivo, plantear opciones, y juzgarlo de manera tal que pueda ejercer sus derechos, no pensando en su detención, sino en su reinserción social.

En definitiva, hay que terminar con la carrera delictiva desde el principio.

¿Es necesario modificar la edad de punibilidad que actualmente está fijada en 16 años?

La edad es uno de los temas que se deben analizar, aunque lo más importante es llegar a implementar un sistema que integralmente le otorgue al menor de edad que ha cometido un delito más garantías y se lo acompañe a salir de la carrera delictiva.

El actual sistema legal argentino establece que ningún menor de edad que tenga menos de 16 años es imputable, pues por ley se considera que el menor no ha comprendido la criminalidad del acto que se le atribuye sin importar su situación psicológica. El gobierno busca modificar el sistema por uno que tenga en cuenta la situación psicológica de cada menor respecto de si ha conocido o no la criminalidad del acto que se le atribuye.

Se impulsa un sistema en el que, cuando se trate de delitos más graves como homicidio, violación, robo con armas, y uso de arma de fuego, cometido por un menor de entre 14 y 16 años esté a cargo de la Fiscalía que acusa la “carga de la prueba” de que el menor comprendía la criminalidad del hecho. Para el resto de los delitos, será la defensa quien tenga la “carga de la prueba” de que el menor no comprendía la criminalidad del hecho.

¿Cuál es la edad de punibilidad en otros países de la región?

A continuación podés ver cómo han tratado algunos países el tema.

Brasil (18); Argentina y Cuba (16); Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Perú y Colombia (14); Guatemala, Dominicana, Uruguay y Nicaragua (13); Costa Rica, Honduras, Ecuador, México (12).

¿Son importantes las mediciones?

Argentina necesita contar con un sistema de información estadístico nacional para conocer la situación real y a partir de allí tomar decisiones de política criminal, que fue abandonado en los últimos años.

En tal sentido el Presidente Mauricio Macri y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, junto a todos los Presidentes de las Cortes de Justicia Provinciales y los Procuradores de todas las Provincias, firmaron un convenio para el intercambio de información sobre la actuación de la justicia. Así surgió Justicia Abierta www.datos.jus.gob.ar

Se considera imprescindible medir cuántos hechos delictivos se cometen por parte de menores de edad entre 14 y 16 años que hayan sido declarados inimputables por el actual sistema legal, para determinar cuál será el impacto del sistema propuesto.

¿Cuáles han sido los pasos dados por el Gobierno?

El objetivo del Gobierno es llegar al año 2018 con los consensos necesarios para contar con un moderno Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que modifique el actual que está vigente desde la década del 80.

Durante 2016 desde la Sub Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a cargo de Martín Casares, junto con UNICEF Argentina, se realizó en el “Ciclo Federal de Diálogos: Hacia una ley de Responsabilidad Penal Juvenil” donde se abordaron temas como: justicia especializada, medidas alternativas al proceso, medidas alternativas a la privación de libertad, condiciones de detención, edad de imputabilidad, sanciones adecuadas a jóvenes y condiciones de centros de detención.

Participaron de la actividad: representantes de todos los sistemas de justicia del país, académicos, especialistas en la materia y representantes de ONG’s vinculadas con la temática.

Durante el año 2017 se propone seguir trabajando el tema, para llegar a los consensos necesarios, creando la Comisión Interdisciplinaria de Expertos en la que participen: representantes de la Magistratura judicial Nacional y Provincial; representantes del Ministerio Público Nacional y Provincial; representantes de la docencia universitaria; representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; representante del Ministerio de Seguridad; representantes de Unicef; representante de la sociedad civil; representante del Ministerio de Educación; representante del Ministerio de Salud; especialistas en áreas con incidencia en educación, salud, medidas restaurativas, protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; y representantes del Congreso.

Conclusión:

El Gobierno Nacional considera que debe realizarse un profundo abordaje interdisciplinario para que las respuestas al delito tengan un enfoque que promueva la integración de los jóvenes infractores en la sociedad, la importancia de la asignación de partidas presupuestarias para medidas socioeducativas, la necesidad de contar con un sistema articulado de respuestas entre poder judicial y los sistemas de protección.

El nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil debe ser:

  1. especializado, coherente y equilibrado federalmente
  2. adecuado a los estándares y compromisos internacionales
  3. reforzar la política de sanciones alternativas a la privación de libertad,
  4. impulsar medidas de reintegración para los jóvenes, educación, actividades recreativas y de aprendizaje.
  5. garantizar que los niños privados de su libertad tengan un abordaje interdisciplinario integral para que puedan asumir una función constructiva en la sociedad al momento de ser liberados.

La adecuación legislativa deberá seguir los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing (Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 29 de noviembre de 1985), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/113 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 14 de diciembre de 1990), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como Directrices de Riadh (Resolución 45/112 aprobada por la Asamblea General sobre la base del informe de la Tercera Comisión A/45/756 en el Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones el 14 de diciembre de 1990).

Acerca de Carlos

Soy abogado, profesor universitario y actualmente ocupo el cargo de Senador Provincial en la Legislatura de Mendoza. Presido el bloque desde 2007.
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