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El partido radical en el gobierno, está improvisando en el manejo de la cosa pública de una manera ya indisimulable, lo que nos espanta a todos los que vemos a la actividad política como herramienta para solucionar problemas de la población y no con otros fines menos elevados.

Claro ejemplo de esta improvisación es la forma en que se sigue manejando la seguridad de nuestra provincia.

Como no hay un rumbo, se hace y deshace, se avanza y se retrocede sin importar nada. Se ponen y sacan ministros con total liviandad, perjudicando la gestión de gobierno y la tranquilidad de los mendocinos.

La falta de una política penitenciaria ha salido nuevamente a la luz, y el saliente director del penal Sergio Miranda ha hecho público que no se ha aplicado nada del plan que propuso al gobernador al asumir su función.

Tan es así, que debió proponerle el mismo plan al nuevo ministro de seguridad, para ver si se quedaba o no en el cargo que ocupaba.

No tengo ninguna duda de que esto ocurre por la falta de un plan de gobierno previamente elaborado por los responsables de aplicarlo, por la falta de búsqueda de verdaderos consensos en estos temas tan importantes como es la seguridad de todos, y por un feroz internismo que padece el gobierno.

Debemos señalar que hoy no se puede gobernar, en ningún lugar del mundo, si no se logra acordar con el resto de las fuerzas políticas objetivos que sean comunes para la sociedad y fundamentales para su desarrollo. Es decir, no se puede gobernar sin tratar los temas más importantes que debemos solucionar como verdaderas “cuestiones de estado”, procurando que de esos temas no se haga política partidista para intentar obtener una ventaja.

El gobierno está muy lejos de tratar el problema de la seguridad con la altura que merecen, y siguen improvisando en el tema, ya que desde hace años rompió con la política de estado en este tema, buscando soluciones que nunca llegan en absoluta soledad.

Nuestro partido debe seguir insistiendo en que debe volver a haber una real política de estado en materia de seguridad.

Todo esto, pensando en la Mendoza de los próximos 20 o 30 años, y no en el cortísimo plazo, como hace el gobierno hasta ahora, improvisando de acuerdo a qué dirán las tapas de los diarios de mañana, y no pensando en qué dirán nuestros hijos en el futuro.

 

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La primera pregunta que debemos hacernos es sobre la necesidad de la creación de un nuevo banco estatal de la provincia. Y para responderla debemos analizar los objetivos que dice tener el gobierno según el proyecto enviado a la Legislatura, y que son los siguientes: apoyar financieramente a pequeñas y medianas empresas, emprendimientos industriales y de servicio, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, y programas de exportación promovidos por la provincia.

Como podremos ver, ninguno de esos supuestos objetivos necesita de la creación de un banco estatal para poder lograrlos.

Para ello se pueden implementar las siguientes medidas:

1) Modificar el funcionamiento del Fondo para la Transformación, que podrá analizar los proyectos de inversión, licitando con la banca privada su financiamiento, y subsidiando la diferencia de tasa entre la bancaria y la establecida por el fondo.

2) Impulsar Mendoza Fiduciaria para la captación de fondos y financiamiento de proyectos.

3) Utilizar mecanismos de captación de fondos a través de bonos, títulos, cédulas hipotecarias, garantías recíprocas, etc.

Con la cantidad de bancos existentes, y las actuales herramientas legales y financieras con que cuenta la provincia, todos los objetivos pueden lograrse a un costo mucho menor, y sin asumir el riesgo que implica volver a insistir con viejas recetas ya fracasadas.

La improvisación siempre está presente

La forma utilizada para efectuar el lanzamiento del proyecto, demuestra una vez más que el manejo improvisado de la cosa pública, la falta de consulta previa, y la utilización mediática de temas de alto impacto social, parecen ser la obsesión de este gobierno que pone marcha y contra marcha, y sigue utilizando el método de prueba y error como si todos fuésemos cobayos.

Y, lamentablemente, en ocasiones, tal tendencia oficialista es seguida por quienes se dicen opositores, los que casi descaradamente buscan compartir con argumentos nostálgicos los supuestos triunfos mediáticos del gobierno, simplemente por no perderse la fiesta populista.

¡Es un juguete muy caro, niño rico!

Sr. Gobernador, debemos ser muy claros con la ciudadanía, y manifestarle en forma precisa que crear un banco implica una inversión de dineros públicos que hoy la provincia no tiene.

Debemos señalar que para que un proyecto de esta naturaleza encuentre su punto de equilibrio y se deje de perder dinero, deben transcurrir no menos de diez años durante los cuales habrá que inyectar importantes sumas de dinero de los mendocinos. Es decir, los aportes saldrán del presupuesto provincial, lo que implica que esos fondos no podrán ser utilizados para los verdaderos problemas que hoy nos afectan.

Sr. Gobernador, como los dineros son escasos, no debemos comportarnos como niños ricos a los que nada les ha costado en la vida, sino como personas austeras y honestas, con noción de cómo se manejan los dineros de otros.

La enseñanza que nos dejó la historia

Si para algo sirve la historia, es para aprender de los errores cometidos y no reiterarlos. Hoy puedo afirmar, sin duda alguna, que la banca oficial ha fracasado rotundamente y ha tenido como resultado la pérdida de más de 1.000 millones de dólares, que deberemos pagar todos los mendocinos.

Se utilizó en forma descarada el dinero de los mendocinos para hacer frente al déficit operativo de los bancos, con los que se financiaron la demagogia, el populismo, y la corrupción de los funcionarios de turno. No debemos dar a los gobernantes el rol de banqueros, en el que han fracasado, sin que les cueste un peso a ellos.

¿Quién gana? ¿Quién pierde?

En estos días hay muchos “empresarios” amigos del poder que se frotan las manos previendo la fiesta que seguramente vendrá. Algunos intentarán, como antaño, beneficiarse con créditos que no pagarán otra vez, y otros pretenderán ser beneficiarios directos de una fiesta a la que no alcanzaron a llegar.

Seguramente hay “políticos” que también se están frotando las manos, ya que podrán manejar nuevamente importantes sumas de dinero con las que “ayudarán” a sus amigos y obtendrán sus beneficios en tan peculiar negocio.

Los que seguro no ganarán son los supuestos destinatarios de los beneficios: es el pueblo entero el que ya perdió una vez, y perderá de nuevo, ya que los manejos descriptos anteriormente terminan profundizando las diferencias sociales, porque se da la plata del pobre al rico, que no la devuelve.

Si queremos hacer una verdadera política de corte social y defender a los pobres y a la clase media, debemos impedir que se vuelva a crear un banco oficial que volverá a beneficiar a unos pocos, perjudicando a la gran mayoría. Ésa es la mejor manera de evitar que generaciones futuras tengan que pagar los efectos de una fiesta de la que no participaron, cuando aún no se pagan las consecuencias de la fiesta anterior.

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Los errores que a diario se cometen por parte del personal policial tiene relación inmediata no sólo con la falta de preparación inicial que recibe hoy el cadete, sino también, y principalmente, con la falta de existencia de claras directivas de quienes tienen a su cargo el manejo de las estrategias para prevenir o reprimir el delito.

En la mayoría de los casos, el personal policial es una verdadera víctima del actual sistema desarticulado, que se encuentra sin cabeza, y que no les da las pautas necesarias de un buen actuar.

Sin dudas que el Instituto de Seguridad Pública no está capacitando correctamente a los cadetes que ingresan al mismo, y esto es algo que en la fuerza policial se ha venido señalando y advirtiendo desde hace un tiempo.

Esta falta de capacidad se da no tanto por la rapidez en el egreso en sí del cadete, que puede no ser malo si se recibió y asimiló la formación necesaria, sino por el relajamiento en el nivel de exigencia indicado desde arriba, y sobre todo, por la falta de enseñanza de lo que significa pertenecer a una institución como la policial, donde la obediencia es fundamental, las jerarquías deben existir y ser respetadas, y donde debe necesariamente haber una clara verticalidad en la cadena de mando.

Si no se enseña todo esto desde el inicio, el resultado será el que tenemos hoy.

No sabemos si no se enseña intencionalmente o por simple inadvertencia.

Estas falencias del Instituto no deben ser atribuidas a quienes enseñan en el mismo, sino a quienes elaboran los planes de estudio y disciplina que han prescindido de incluir algo básico para la formación del policía, es decir, al Gobierno.

No sabemos si lo han hecho intencionalmente o por simple inadvertencia.

Formar una mejor policía no quiere decir que deba dejarse de lado lo que significa la disciplina, el respecto a la jerarquía y la obediencia. Si realmente se pretende tener una policía más “educada”, más “capacitada” y más “culta”, eso debe significar y tener necesariamente como resultado que los egresados sean más respetuosos, más obedientes y más subordinados a la jerarquía.

Si no logramos esto, estamos teniendo una policía peor, no mejor como se pretende, y eso debe preocupar a quienes tienen a su cargo determinar los planes de estudio de los cadetes.

Que no quepa ninguna duda de que todas las falencias perjudican la prestación de un buen servicio de seguridad.

La falta de instrucción de los cadetes tiene como consecuencia directa un deterioro en la prestación del servicio policial, cosa que ha venido ocurriendo claramente.

Encontramos tres tipos de perjudicados:

1) El ciudadano, que es quien recibe una mala atención o malos tratos, o directamente una privación de su libertad sin que se haya desarrollado ningún comportamiento que permitiera que fueran conducidas a una seccional o ser encerradas en un calabozo.

2) El mismo policía, que por no cumplir adecuadamente con su función, recibe sanciones o vive un momento de tensión absolutamente innecesario, producto de una mala enseñanza inicial, con su consiguiente desprestigio dentro de la sociedad.

3) La sociedad en su conjunto, ya que un procedimiento policial mal llevado significa lisa y llanamente la impunidad de posibles delincuentes que se ven beneficiados por esa mala actuación, justamente de quienes tienen a su cargo prevenir el delito, y resolver un hecho ilícito una vez producido.

Me pregunto: ¿Cómo puede implementarse el programa Policía a Mano si no alcanza el personal y el que egresa del instituto no tiene la formación necesaria para cumplir adecuadamente la función?

Sin dudas que la mala formación del cadete perjudica la prestación del servicio de seguridad.

Pretender que el cadete egresado se termine de formar disciplinariamente sobre la marcha, dentro de la dependencia, no resiste el menor análisis.

Por supuesto que uno aprende todos los días de la vida algo nuevo, pero eso no significa que el cadete no deba aprender desde el primer día lo que significa ser policía, lo que significa la forma de vida del buen policía, lo que significa para su persona y su familia ser policía.

Además, el problema disciplinario no viene solamente de los nuevos egresados sino de quienes conducen la fuerza, que deben hacerlo dando el ejemplo en todo momento.

¿Cómo cree, estimado lector, que un policía puede asimilar que el ministro de Seguridad de la Provincia le pase revista en una formación policial, vestido con ropa deportiva y zapatillas blancas? ¿Qué clase de disciplina les enseña el jefe al subalterno de esta forma?

Como puede advertir, señor lector, desde arriba se está mal enseñando al policía.

No podemos afirmar si es intencionalmente o por simple inadvertencia.

Lo más grave de todo es que falta una clara política de prevención del delito que baje inteligentemente desde las más altas jerarquías hasta los policías más modernos, lo que termina desarticulando cualquier programa, por más bueno que éste sea en teoría.

La actual gestión de gobierno lleva seis años a cargo del manejo de la cosa pública, y parece no dar en el clavo del problema tan grave de seguridad que nos toca vivir a todos los mendocinos.

Lamentablemente se encuentran encerrados en sí mismos, no escuchan a nadie que opine distinto, rotan de función como si fuera lo mismo ocupar uno u otro cargo, se comportan como verdaderos autistas y, lo peor, se pelean entre ellos, dejando perplejos a la sociedad que mira atónita lo que ocurre.

No sabemos si intencionalmente o por simple inadvertencia.

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Acerca del mensaje del Sr. gobernador de la Provincia de Mendoza Julio Cobos a la Legislatura del día 1 de Mayo de 2006, debo manifestar lo siguiente:

1. Otra vez, en una nueva Asamblea Legislativa, han debido escucharse las mismas expresiones de deseo de un gobierno que, por no haber tenido un plan estratégico desde su inicio, se ve imposibilitado de solucionar los gravísimos problemas que afrontamos los mendocinos.

2. La improvisación y la falta de rumbo del gobierno se advierten al comparar su último mensaje con los de 2004 y 2005, de lo que surge claramente todo lo que no se ha hecho en más de la mitad del mandato y que se promete hacer en el poco tiempo que queda de su gobierno.

3. En educación señalamos que en 2004 se apostaba a la enseñanza técnica a través del Instituto Provincial de Enseñanza Técnica, y en 2005, mediante un procedimiento ilegal, se dejó ésta de lado, cambiando la currícula, y privilegiando la formación “básica”. En cuanto a los contenidos, en 2005 se efectuó una convocatoria a analizarlos, sin que se haya avanzado en nada hasta la fecha, y en 2006 ni se mencionó el tema. Respecto de la construcción y reparación de escuelas, se indicó tanto en 2004 como en 2005 que se priorizarían con el apoyo de los municipios. Pero en 2006, en muchos de ellos no se pudieron comenzar las clases a tiempo por problemas de infraestructura, o no se pudo contar con gas para prender las estufas o agua potable para beber, por puras razones de falta de gestión. En 2006 se intenta justificar la falta de gas diciendo que personal técnico está trabajando para solucionar el problema.

4. En salud, en 2004 se decía que habían “estrategias a largo plazo” para atender la prevención y que era “responsabilidad indelegable del Estado brindar el servicio sanitario”. Hoy vemos que el personal del Estado que brinda el servicio se encuentra postergado y debe hacer valer sus derechos (reconocidos por todos menos por el gobierno), de una manera que termina afectando a los más humildes, conformando un penoso cuadro en el que hasta los propios enfermos deben hacer “huelgas de hambre” para lograr ser atendidos en los hospitales. Esta lamentable situación lleva a una confrontación de pobres contra pobres por desaciertos de gestión de gobierno. En 2006 se le echa la culpa a los gremios.

5. En materia de seguridad, en 2004 se afirmaba que había bajado la cantidad de hechos delictivos violentos, indicándose que se contaba con “un nuevo plan de seguridad”. En el mensaje de 2005, frente a la evidencia, se reconoció que los índices delictuales habían crecido notablemente, indicándose que para solucionarlos se necesitaba la colaboración de la oposición (como si no la hubiesen tenido), y de la sociedad que debía acompañar denunciando. Se dijo que se ponía en marcha el programa “policía a mano”, cuando todos sabemos que sin más policías, era de imposible cumplimiento.

Hoy el Gobierno reemplaza las acciones con discursos, sin hacer nada para solucionar los problemas, manifestando en 2006 que “no se bajarán los brazos”.

6. Desde 2004 se prometió enviar el proyecto de ley general de sueldos a la Legislatura. Hasta la fecha ello no ha ocurrido, lo que llevó al estallido de la situación salarial. En 2006, sorpresivamente, no se toca este tema.

7. Los ejemplos dados demuestran que nos encontramos en un estado de desgobierno, en el que la única certeza es la falta de rumbo y de claridad en la gestión. Seguramente no habrá grandes cambios en el año y medio que le queda al actual gobierno para tomar algunas medidas que nunca serán de fondo sino circunstanciales. En este contexto, es probable que las informaciones más relevantes que brinde el Gobierno en los próximos meses continúen refiriéndose a las disputas internas del radicalismo. Lamentable para todos los mendocinos, especialmente para los más necesitados.

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La resolución de nuestra Corte Suprema que dispone la constitucionalidad de las normas que pesificaron los depósitos en dólares en el caso puntual de los actores de la causa “Bustos”, significa una evidente contradicción con lo que el mismo máximo Tribunal de Justicia venía sosteniendo en casos anteriores, y demuestra que en nuestro país la división de poderes es un deseo que aún no se ha hecho realidad y está muy lejos de serlo.

Si bien este fallo sólo se aplica al caso concreto que se resolvió y no al resto de los juicios en trámite, es un importante antecedente a tener en cuenta.

El caso Bustos tiene características especiales que se diferencian fuertemente de otros que pueden y deben ser resueltos de manera distinta.

Considero que los tribunales de primera o segunda instancia del país que deban intervenir en otros casos no están obligados a respetar a rajatabla el fallo Bustos, y pueden apartarse del mismo teniendo en cuenta la particularidad de cada caso, demostrando además que la Justicia es y debe ser independiente de los vaivenes de la política que -al haber conformado una “nueva Corte” destituyendo a algunos, dejando a otros y nombrando a nuevos- logra que se afirme en un fallo que la supuesta propiedad de los dólares no era más que una “gran falacia” porque en la Argentina nadie ganaba en dólares, con las graves consecuencias que esto va a traer en el futuro respecto del principio de legalidad, seguridad jurídica, propiedad, etc.

Debemos recordar que el régimen jurídico bajo el cual los distintos ahorristas en dólares del sistema financiero pactaron inicialmente con los bancos, determinaba en todos los casos la devolución de los depósitos en moneda extranjera y al solo vencimiento de las obligaciones.

La normativa aplicable es la siguiente: 1º) el art. 617 del Código Civil que impone al deudor de una obligación en moneda extranjera a devolver la misma especie y calidad de moneda. Este artículo no fue derogado ni modificado por la ley 25561 de emergencia económica; 2º) la ley 25466 de intangibilidad de los depósitos; 3º) el art. 3 del Código Civil que dispone la irretroactividad de las leyes, las que por vía de excepción sean retroactivas no podrán lesionar las garantías constitucionales y 4º) el art. 17 de la Constitución Nacional que sustenta la garantía del derecho de propiedad.

El decreto 1570/01 y toda la normativa que lo complementa (ley 25.561, decreto 214/2002, etc.) fue utilizada por las entidades bancarias para incumplir con sus obligaciones y no aplicar la normativa que correspondía, violando claramente derechos de garantía constitucional de los ahorristas.

Los ahorristas argentinos han adquirido un derecho pleno e incondicionado a la restitución íntegra del dinero depositado en el sistema bancario bajo un régimen legal que obliga al reintegro o restitución en la misma especie o calidad de moneda en que se constituyeron las obligaciones, sin dilación o condición alguna.

Desde siempre, nuestra Corte ha afirmado que el dictado de cualquier normativa no puede desconocer derechos ya adquiridos, estando vedada la retroactividad legislativa en tales supuestos.

La Corte venía sosteniendo que el Poder Judicial podía revisar las disposiciones de los otros poderes cuando las mismas eran arbitrarias o no eran razonables.

En el caso Smith se dispuso que si bien nos encontrábamos ante una crisis económica o situación de emergencia, no era razonable que se hubiera dispuesto el corralito financiero, ya que si bien los derechos de los particulares pueden limitarse en esas situaciones de excepción, nunca puede afectárselo en su esencia o sustancia, ni la afectación puede ser irrazonable ni ilimitada en el tiempo, ni puede ser confiscatoria.

En el caso San Luis se dijo que el Estado no podía alterar el valor del capital depositado en moneda extranjera, pues eso implicaba afectar la sustancia misma del derecho de propiedad.

En el caso Peralta se había dicho que el derecho de emergencia no nace fuera de la Constitución sino dentro de ella.

En el caso Perón se sostuvo que la emergencia no autorizaba el ejercicio por parte del gobierno de poderes que la constitución no le acordaba, y que la emergencia justificaba, con respecto a los poderes concedidos, un ejercicio pleno y a menudo diverso del ordinario, en consideración a las circunstancias excepcionales.

Es decir que se venía sosteniendo la vigencia del Estado de Derecho, en garantía o defensa de los particulares, ya que las limitaciones que puede imponerse al particular respecto del ejercicio de sus derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una afectación en la sustancia o esencia del derecho ya adquirido, y está sometido siempre al control jurisdiccional de constitucionalidad.

Por lo tanto, las normas que afectaron los depósitos de los ahorristas no son razonables, no son legales y no son legítimas.

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