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El presente Proyecto de Ley tiene por objeto desechar, conforme a las facultades que le competen a la Legislatura de Mendoza según los artículos 3 y 99 inc.1º, de la Constitución de Mendoza de 1916, el convenio suscripto por el Gobernador de la Provincia de Mendoza con el Gobernador de la Provincia de La Pampa del 07 de agosto del año 2.008, tendiente a establecer un marco de vinculación de dichas provincias con relación al Río Atuel.

Cabe citar los siguientes puntos como fundamentos del presente proyecto:

A) El 04 de diciembre del año 2012 por Resolución N°  716/2012-2013, el Honorable Senado de la Provincia de Mendoza constituyó una Comisión Especial de Estudio de los Recursos Hídricos del Río Atuel (C.E.E.R.H.R.A.), para estudiar la situación general de Río Atuel, atento a que se detectaban en varios años sucesivos, faltantes importantes de agua para la distribución de sus hectáreas irrigadas. La dificultad en la producción y la dificultad social que genera en esa importante zona mendocina la falta de agua, motivó que esta comisión se avocara a recabar todo tipo de información, técnica y jurídica, que estuviera vinculada y fuera de importancia al escurrimiento de agua del Río Atuel.

Acompañamos en el expediente de este proyecto de ley, como antecedentes; un resumen de las conclusiones sobre la información recibida y procesada por esta comisión, y una copia certificada del Expediente N° 3919 -S-2008 -300093 y 14406-H-2013 -00020.

B) El 26 de  diciembre de 2013 la Comisión Especial de Estudio de los Recursos Hídricos del Río Atuel (C.E.E.R.H.R.A.) se reunió con el Sr. Gobernador y le expuso las conclusiones de los estudios realizados a esa fecha y se acordó que el Poder Ejecutivo remitiera el expediente donde está el convenio con La Pampa firmado en el año 2008.

C) El 30 de diciembre de 2.013 ingresaron al H. Senado provenientes del Poder Ejecutivo Provincial las actuaciones N° 3919 -S-2008 -300093 y 14406-H-2013 -00020, en respuesta a un pedido de la Comisión Especial de Estudio de los Recursos Hídricos del Río Atuel, por el cual se le solicitó al Poder Ejecutivo la remisión para tratamiento legislativo del expediente en el que se encuentra contenido el convenio referido precedentemente.

D) La Comisión Especial de Estudio de los Recursos Hídricos del Río Atuel (C.E.E.R.H.R.A.) evaluó durante su trabajo de estudio e investigación del año 2013, la necesidad de diálogo y acercamiento con sus pares legislativos de la vecina Provincia de La Pampa, y poder plantear eventuales caminos frente a diversas realidades cíclicas en el escurrimiento del Río Atuel. Consideramos necesarias estas instancias de entendimiento frente a diversas realidades naturales, sociales y políticas que deben afrontar las respectivas Provincias ante un tema tan sensible como es el agua.

E) En dicho contexto de estudio y trabajo, el día 04 del mes de Febrero del corriente, por los medios de comunicación, se toma conocimiento de una Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la cual se le ordena correr traslado de una demanda ambiental contra la Provincia de Mendoza, entablada por un particular vecino de la Provincia de La Pampa relacionada al uso de las aguas del Río Atuel.

Interpretamos que dicha situación; sumada a que la Legislatura de La Pampa, el día 24 de Agosto de 2013 emitió una resolución, aprobada por unanimidad, en la que le pide a su gobierno que inicie demanda contra la Provincia de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las aguas del Río Atuel, y que el Gobernador de La Pampa expresó el 27 de Septiembre de 2013 haber impartido instrucciones tendientes al inicio de dicho juicio; refleja una posición de que esa provincia no acepta hoy margen para vías de entendimiento basadas en el mutuo acuerdo entre las Provincias y que la instancia de solución planteada por La Pampa es la vía judicial.

Frente a dicha situación la Legislatura de Mendoza y más específicamente la C.E.E.R.H.R.A.  se dispuso a analizar con premura la viabilidad del convenio suscripto entre los gobernadores de Mendoza y La Pampa en el año 2.008, que receptara bajo expediente N 3919 -S-2008 -300093 y 14406-H-2013 -00020, el 30 de Diciembre de 2013.

F) Del estudio de toda la documentación obrante en la C.E.E.R.H.R.A.  y en el expediente de referencia cabe destacar fundamentalmente, que existe cosa juzgada y por lo tanto no es revisable en ninguna instancia judicial el derecho al uso consuntivo de la Provincia de Mendoza sobre el río Atuel hasta el límite de las 75.561hectáreas en pie de cultivo, según el fallo del 03 de diciembre de 1987 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en causa iniciada el 09 de octubre de 1979 y caratulada “La Pampa Provincia de c/ Mendoza Provincia de s/ Acción posesoria de aguas y regulación de usos”, que por excepción de defecto legal se limitó al Río Atuel.-

Dicho derecho resulta para nuestra Provincia un principio y un valor inalterable, insoslayable e imprescindible para la subsistencia de las reducidas zonas de Mendoza que en el marco de los límites establecidos por el fallo referido irrigan desde tiempo inmemorial con las aguas del Río Atuel. Cabe agregar que como respuesta a una a aclaratoria del referido fallo, el 28 de julio de 1988, la Corte Suprema estableció que “ La Pampa solo tiene derecho al riego con aguas del río Atuel una vez satisfecho el que corresponde a la Provincia de Mendoza sobre  75.561 has…, no corresponde atribuir al fallo el alcance de haber afectado la validez interna de las concesiones que la Provincia de Mendoza dispuso sobre las 57.075 has. …. Por ende tampoco cabe asignarle la consecuencia de revocarlas o impedir su eventual ejercicio cuando haya aguas disponibles …. Siempre que admita la preeminencia exclusiva de la Provincia de Mendoza a 75.561 has”.
El afectar dicho derecho implicaría condenar a la extinción a pueblos del sur de Mendoza que necesitan del agua para su subsistencia.

G) Si bien el convenio en cuestión suscripto el 7 de agosto de 2.008 tuvo el loable propósito de encontrar un marco de vinculación entre las provincias firmantes, es una realidad que el problema de la escasez de agua se ha agravado en una dimensión de carácter mundial y olvida que la sentencia del 03 de diciembre de 1987 sólo acepta el uso consuntivo y actual de Mendoza de las aguas a del Atuel, sin ningún uso reconocido a ese momento para la Provincia de La Pampa.

Como consecuencia de lo anterior, el protocolo de entendimiento interprovincial del 07 de noviembre de 1989 que crea la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, no pudo ser nunca una ejecución de sentencia, sino una cortesía nacida del derecho de gentes.

H) En este sentido se cita el Convenio suscripto en el año 1.992 ratificado mediante ley 5826 en el que se acordó que Mendoza entregaría agua potable para ayudar al abastecimiento humano de la población de  Santa Isabel y Algarrobo del Águila de La Pampa hasta un máximo de 6.000 habitantes , dejando aclarado que los caudales que se proveen no surgen del río Atuel o sus afluentes sino que provienen de  una vertiente intraprovincial. Este hecho es destacado y muestra claramente la predisposición de Mendoza a proveer agua para uso humano, reiterando el carácter de cortesía de dicho suministro. Consideramos que igual naturaleza cabe atribuir al convenio del 07 de agosto de 2008. Esta actitud se ve claramente en las fojas 260, 266 y 267 del expediente que remitiera el Poder Ejecutivo. Es decir que históricamente la Provincia de Mendoza, antes y después del fallo de la Corte Suprema ha buscado caminos de entendimiento con la Provincia de La Pampa frente al problema general del agua, sin embargo con relación específicamente al río Atuel, la Pampa decidió en el año 1.979 acudir a la vía judicial y el fallo del máximo tribunal de la Argentina reconoció a Mendoza el derecho al uso consuntivo sobre el Río Atuel para irrigar 75.561 has en pie de cultivo.

No obstante lo expuesto, toda instancia  de cooperación de la Provincia de Mendoza con la Provincia de La Pampa para su vigencia como tratado exige ser tratada por la Legislatura de Mendoza de conformidad al Derecho vigente puesto que el convenio debe interpretarse como Tratado según la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, el cual aplicado por analogía al expediente en cuestión implica que el convenio se negocia por el ejecutivo y se aprueba o rechaza como tratado por el legislativo, siendo el rechazo  la posición de la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Río Atuel de la Honorable Cámara de Senadores receptando las posiciones de regantes y atendiendo  a las reservas realizadas por el Departamento General de Irrigación y la Fiscalía de Estado.

I) La creciente desertificación y la falta de agua dulce reconocen causas que han creado una nueva realidad, cuya existencia no se puede desconocer y no tiene solución bajo los principio ambientales de subsidiariedad y solidaridad de la ley N• 25.675, ni siquiera por cortesía, dado que que los volúmenes de agua reales no alcanzan para los otorgados por la resolución de la Corte. Mendoza ha irrigado en los últimos años menos de 60.000 has., y específicamente en la temporada 2013-2014 no alcanzo a 50.000has., por estricto problema de falta de agua.

En este punto cabe tener presente que según datos relevados por el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Recursos Hídricos, entre los años 2005 y 2009 los niveles de acumulación nívea relevados en las estaciones nivométricas correspondientes a la cuenca del Atuel, registraron en general temporadas por encima de la media, mientras que entre los años 2010 a 2014 se han producido temporadas níveas por debajo de lo normal según registro de todas las estaciones nivométricas, con niveles de descenso del 65% del valor promedio histórico, generando que el régimen hidrológico del río Atuel haya sido durante dichos años categorizado como  “ SECO O POBRE”.

La Provincia de Mendoza no escapa a dicho problema de entidad mundial, es así que por Ley 8318 la Legislatura de Mendoza ratificó el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 2379 del 1 de octubre de 2010 por el cual se declaró la ” Emergencia Hídrica en todo el territorio de Mendoza” estableciendo distintas medidas para afrontar las consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse de la escasez de agua superficial para el ciclo hidrológico 2010 /2011.

En los fundamentos de dicha normativa se puede leer “que un riesgo natural de tal magnitud sólo puede ser afrontado con la adopción de medidas preventivas tendientes a aminorar los efectos perjudiciales que el mismo acarrearía”.

Al fin indicado entre otras cosas se establece un sistema de Alerta Hídrica Provincial con el objeto de brindar una asistencia rápida a las poblaciones afectadas, se crea una comisión especial a dicho efecto, se promueve la utilización de agua subterránea para compensar el déficit, incrementándose también al máximo el reuso de efluentes de origen doméstico, industrial y agrícola, se realizan instrucciones a los operadores del servicio público de provisión de agua al efecto de evitar fugas en sus sistemas de distribución, etc.

Asimismo y en forma destacada se instruye al Departamento General de Irrigación para que “disponga las medidas necesarias para distribuir el agua ajustadamente a la oferta, a la demanda, a los usos empadronados y a las prioridades legales”. Cabe acá mencionar que el convenio en estudio no contempla correctamente el rol del Departamento General de irrigación, según se interpreta de la lectura de las fojas 14, 356, 367 y 553 del expediente que remitiera el Poder Ejecutivo.

Dicha emergencia hídrica ha sido prorrogada todos los años desde dicha fecha hasta la actualidad atento a que por ejemplo para el ciclo hidrológico 2011-2012 ” los volúmenes a escurrir en todos los ríos de la Provincia de Mendoza se encuentran por debajo de las medias históricas con porcentajes menores al 60% de las mismas,  según consigna expresamente en sus considerandos el decreto Asimismo el Decreto 2090/2013, que prorroga la emergencia hídrica referida para el ciclo 2013/2014, expresa en sus considerandos” Que la Superintendencia del citado Departamento entiende que continúa por 5to. Año consecutivo ante una situación de emergencia hídrica en la cuenca del río Atuel y por 4to. Año consecutivo en las cuencas de los ríos Diamante, Malargüe, Grande y Tunuyán. (Según datos técnicos sobre escorrentías que acompañan al presente proyecto).

Ante tamaña realidad natural que afecta gravemente a Mendoza y a su pueblo, resultaría de imposible cumplimiento cualquier compromiso de la Provincia de Mendoza tendiente a garantizar a la Provincia de La Pampa “un mínimo de escorrentía permanente” tal como lo dispone el artículo 10 inciso k) sin hacer  referencia alguna a valores estadísticos promedios de precipitaciones en Mendoza conforme a condiciones climáticas ordinarias o comunes y sin contemplar tampoco  volúmenes promedios del caudal.

Sin dichos parámetros la cláusula en cuestión expone a la Provincia de Mendoza a un riesgo inaceptable, a saber que todo esfuerzo que pudiera  hacer la Provincia  para garantizar un mínimo de “escorrentía permanente” hacia La Pampa, podría  verse frustrado por una disminución sostenida en las fuentes de generación hídrica del río Atuel por falta de precipitaciones níveas, extremo que escapa evidentemente a cualquier acción de un gobierno local, porque la realidad está mostrando que existe un ambiente compartido con La Pampa.

Ampliando el motivo de rechazo, se advierte que en el convenio de referencia no se especifica qué debe entenderse por escorrentía mínima permanente, qué caudal representa, sobre qué valor promedio, en qué condiciones climáticas promedio, y cómo se ajustaría en caso que dichas condiciones no fueran las normales u ordinarias.

La condición de  “permanente” de la escorrentía que debería garantizar Mendoza, colocaría a la Provincia ante la posibilidad de incumplimiento pese haber hecho todo lo que estaba a su alcance para eventualmente cumplir dicho convenio.

Tal cual como está expresado en el convenio de referencia, el carácter de escorrentía permanente significa sin cortes, aún cuando los mismos pudieran estar causados por situaciones que exceden  al ámbito de acción del Gobierno Local. Verdaderamente dicho compromiso resulta inaceptable para el pueblo de Mendoza.

El derecho consuetudinario e inmemorial reconocido judicialmente a irrigar con el Río Atuel hasta 75.561 hectáreas de territorio mendocino, resulta para nuestra Provincia un principio y un valor inalterable, insoslayable e imprescindible para la subsistencia de las reducidas zonas de Mendoza que en el marco de los límites establecidos por el fallo referido irrigan desde tiempo inmemorial con las aguas del Río Atuel. Reforzando este concepto cabe reiterar el contenido de la aclaratoria de la corte del 28 de julio de 1988, detallado en el punto F de los presentes fundamentos.

Las consideraciones mencionadas en los párrafos anteriores se ven refrendadas por la totalidad de la investigación, datos técnicos y científicos de organismos como el I.N.A. y el Departamento General de Irrigación, recavados por nuestra Comisión. Así mismo  en los expedientes Nº 3919-S-2008-300093 y 14406-H-2013-00020 remitidos por el Gobierno Provincial, se encuentra frondosa documentación, análisis jurídicos y técnicos vinculados al problema de la falta de agua. Encontramos observaciones al respecto en foja 19 Inc. 3; foja 52 Inc. 1.5; foja 53 Inc.1.6; foja 340, párrafo 4°, foja 523, párrafos 1° y 3°; foja 187  y foja 192 Inc. 1.1.

De la lectura del expediente, observamos reiterados párrafos, esencialmente del Departamento General de Irrigación, respecto a que el agua que se puede disponer no es constante, no habiendo garantías de la misma atento a las fluctuaciones del los caudales del río y de las épocas de riego de la Provincia de Mendoza.

J) Cumpliendo con las etapas programadas de su plan tecnico de obras, iniciado hace mas de 50 años, y tendiendo a optimizar el sistema de riego y aprovechamiento  de aguas, la Provincia de Mendoza, con recursos propios, ha llevado adelante un importante Plan de Obras Públicas destinadas a hacer más eficiente el uso de agua con relación al río Atuel. Caben ser destacadas: -la Construcción del Canal Marginal del Atuel 1er. Tramo;  2do. Tramo – terraplén y puente canal; 3er. Tramo San Rafael – General Alvear – Mendoza; Tramo final Carmensa, Canal unificado Jáuregui – Atuel Sud; Construcción canal marginal Atuel 4to. Tramo – Departamento San Rafael – Gral. Alvear – Mendoza, Trabajos de reparaciones y mantenimiento canal Marginal del Atuel 1er. Tramo ( I y II) etapa , revestimiento de un Tramo 2º Etapa Sección de Aforo e Impermeabilización Canal Correas , Canal Ole Aaset Revestimiento II Tramo, Canal Matriz Real del Padre Rama 1 y 2 Revestimiento de un Tramo, Canal Matriz Nuevo Alvear Rama 2 , Canal Marzolina Revestimiento de un tramo, Canal Centro Auxiliar Revestimiento en Zona Urbana, Canal Christophersen 2º Sección Revestimiento de un tramo primera etapa, Canal Matriz Regueira Revestimiento de un Tramo 2º etapa, Canal Centro Auxiliar  Revestimiento de Tres Tramos  , Canal Matriz Nuevo Alvear Rama 3 Hijuela Los Jalones Hijuela La California Revestimiento Segundo Tramo, Canal Matriz Izuel Revestimiento Zona Urbana,   Canal Marzolina Revestimiento y modificación del sistema de Riego,  Canal Matriz Nuevo Alvear Canal Norte Revestimiento de un Tramo II Etapa, Canal Matriz Babacci Revestimiento de un Tramo, Canal Ole Aaset Revestimiento 3º Tramo y Modificación del Sistema de Riego,  Canal Centro Viejo Revestimiento de un Tramo, Canal Matriz Real del Padre Revestimiento de un Tramo Segunda Etapa, Canal Christophersen 1º Sección e Hijuela Los Campamentos Revestimiento de un tramo, Canal Norte Hijuela Nº3 Reconstrucción de puente canal, Canal Matriz Babacci Rama Sur Revestimiento de un tramo, Canal Matriz San Pedro Hijuela Volpara Reconstrucción de Puente Canal, Canal Matriz Babacci Rama Sur Revestimiento de un tramo, Canal Matriz Nuevo Alvear Toma Dique La Olla reparación de un tramo, Provisión y colocación de alambrados Colector Colonia Italiana, Proyecto Modernización del Sistema de Riego Canal matriz Nueva Alvear, Reacondicionamiento de Tomas Canales Matrices Perrone y Correas, Canal Marginal del Atuel 1º Tramo Reconstrucción de paños y soleras, Mejoramiento Sistema de Riego Canal Perrone 1º Etapa, Reemplazo de Mecanismos en Toma Canal Marginal del Río Atuel y Comparto Izuel II, Modernización Toma Canal Ingeniero Babacci, entre otras obras realizadas a fin de optimizar el uso de las aguas del Río Atuel.

Sin embargo, no obstante dicho plan de obras, las acciones instruidas a raíz de la emergencia hídrica en que se encuentra la Provincia, la acción del Departamento General de Irrigación como órgano constitucional que tiene en Mendoza la función de regular el recurso hídrico, y tantas acciones más  que históricamente ha realizado y realiza Mendoza para adecuar un territorio desértico  a condiciones de subsistencia humana, no son suficientes para contrarrestar los efectos provocados por las condiciones naturales del ambiente y el clima, en tal sentido basta citar una realidad incontrastable, que el caudal del río Atuel  no alcanza a irrigar 60.000 has en pie de cultivo de la Provincia de Mendoza.

K) También deben considerarse las infiltraciones que se producen en el lecho del río desde Carmensa hasta el interior de la Provincia de La Pampa. Esto se puede observar con claridad en el expediente que remitiera el Poder Ejecutivo en fojas 20, 21 y 22.

El estudio técnico muestra que en determinadas épocas las precipitaciones que elevan el nivel de las napas freáticas, facilitando el escurrimiento y eliminando infiltraciones, lo que permite la llegada de agua a la Provincia de La Pampa, incluso cuando las compuertas de los diques se encuentran cerradas. Se ha dado con claridad esta situación en el año en curso, cuando se han tenido que cerrar totalmente las compuertas del Dique Nihuil y secar el escurrimiento de agua del Cañón del Atuel, teniendo graves problemas con la industria turística que sobre dicho Cañón se promueve, simultáneamente en la Provincia de La Pampa se da el caso de tener un Río Atuel con buen caudal, esto es producto de la elevación de las napas freáticas producidas por precipitaciones y disminución de infiltraciones a lo largo del tramo inferior del citado río. Esto también clarifica la situación de circunstancias esporádicas en que se desbordan los bañados en la zona de La Pampa. Queda claro también el faltante de agua en los tramos superior y medio del Río Atuel y la prioridad que se da en Mendoza al riego de los cultivos, cerrando la actividad turística y disminuyendo la generación de energía para preservarlos. Acompañamos este proyecto de ley de documentación gráfica y fotográfica que certifica esta situación.

Vale decir que las escorrentías que pretende la Provincia de la Pampa, no pueden garantizarse por igual todos los meses del año ni todos los años, atento a que depende de la fluctuación del  año hidrológico, del mes hidrológico, de fecha y etapa de los cultivos en la Provincia de Mendoza y por cierto de las precipitaciones que se producen entorno al Atuel.

Análisis efectuados por el Departamento General de Irrigación en fojas 43, 338,  339 reverso, 363, 523, 553 y 578; fojas 335, párrafo 1°, Inc. a. b. c. d. y e de Fiscalía de Estado;  reitera que no se puede generar ningún compromiso de suministro de aguas permanente, ya que no se trata de un ambiente único.

L) El inciso 10 k garantiza un escurrimiento permanente y no lo hace depender de los volúmenes reales de agua del río, de las épocas reales de riego de la Provincia de Mendoza, ni tampoco de las condiciones climáticas del entorno y del contexto ambiental general. Estos son errores claves muy importantes y determinantes en la no aceptación del convenio, los cuales están remarcados en muchas oportunidades en los análisis que se encuentran dentro del expediente.

LL) Podemos agregar que en expediente de referencia se menciona en reiteradas oportunidades el Inc. 10 k, presentando objeciones muy claras, proponiendo distintas maneras de salvarlo corregirlo o ponerle reparos; esta situación la consideramos inadecuada, atentos a que no es facultad de esta H. Legislatura modificar el mismo, sino aceptarlo o rechazarlo en su totalidad. Este argumento es fundamental para entender que no se puede dar aprobación a este convenio con salvedades al mismo, que no condicen con lo que esta claramente escrito.

Conclusión: En el contexto descripto, y atendiendo a los intereses superiores de los mendocinos y de generaciones futuras, es que la Comisión Especial del Senado para el Río Atuel entiende que corresponde rechazar el convenio de referencia.

En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Provincial en el artículo 99 inciso 1) establece como facultad de la Legislatura el aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrare con otras Provincias, con la garantía de defender la jurisdicción territorial con el voto de los dos tercios de miembros que componen cada cámara según el artículo 3 de la misma Constitución.

Por lo expuesto y en orden a las facultades establecida en el Artículo 100 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se solicita se dé al presente proyecto de ley el trámite que reglamentariamente corresponda y oportunamente se preste sanción favorable al presente proyecto de ley.

Mendoza,  Marzo de 2014-

PROYECTO DE LEY

EL H. SENADO Y LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE:

L E Y:

ART.1 :Deséchese el Convenio suscripto en fecha 7 de agosto de 2.008, entre el Gobierno de la Provincia de Mendoza , el Gobierno de la Provincia de La Pampa y el Gobierno Nacional, referido al Río  Atuel y que como Anexo integra la presente norma.
ART. 2:De forma.


Media Sanción Expte. Nro.: 0000064886
$Expte. 64886
PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1°- Deséchese el Convenio suscripto en fecha 7 de agosto de 2008, entre la Nación, representada por el Ministerio de Interior en la persona del Contador Anibal Florencio Randazzo y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la persona del Arquitecto Julio Miguel de Vido, la Provincia de La Pampa, representada por su Gobernador Oscar Mario Jorge y la Provincia de Mendoza, representada por su Gobernador, Contador Celso Alejandro Jaque, por el cual las partes acuerdan criterios y acciones comunes en orden al desarrollo de las obras: “Aprovechamiento integral del Río Grande, Presa y Central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, Trasvase del Río Grande al Río Atuel, Canal Marginal del Río Atuel y Canal Marginal La Junta, y que como anexo integra la presente norma legal.

Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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Desde el PD, UCR y PRO, buscamos que se apruebe un presupuesto verdadero, frente al que propuso el Gobierno, con datos incorrectos.

20140212_104111En el proyecto aplicamos tanto a los ingresos como a gastos previstos, los datos macroeconómicos que surgen de la realidad del país, como son: inflación, tasa de interés, tipo de cambio y crecimiento.

Estos ingresos habían sido subestimados por el Poder Ejecutivo, a los efectos de contar con mayor cantidad de dinero para uso discrecional por lo que se denomina “mayor recaudación”, privilegiando sus intereses políticos por sobre las necesidades del pueblo de Mendoza; poniendo por delante de la sociedad, las pujas internas que se viven dentro del partido de gobierno.

Estos son los principales puntos de nuestra propuesta.

Equilibrio Presupuestario:

El resultado operativo del presupuesto que proponemos es equilibrado, no requiriendo ningún tipo de financiamiento ni necesidad de endeudamiento por parte de la Provincia para garantizar el funcionamiento del Estado. Hace falta $ 700 M para pagar la amortización de la deuda.

Gasto público: Disponemos que el Gasto Corriente (costo fijo de funcionamiento del Estado) no puede aumentar más que el crecimiento de los recursos corrientes provenientes de Rentas Generales, como forma de limitación del gasto público.

Respecto a los gastos necesarios para el funcionamiento del Estado en 2014, se mantuvieron en los valores propuestos por el PE (con la limitación anterior)

Obra pública:

Propusimos garantizar el dinero necesario para la realización de la obra pública mediante la constitución de un fideicomiso a tal fin que “blinde” recursos que no podrán ser usado para otros fines que no sean la inversión.

Disponemos que el 35% de lo que Mendoza percibe de las Regalías Petrolíferas deberán ser utilizadas para Obra Pública, incorporándose al Fondo de Infraestructura Provincial, en forma gradual durante los años 2015, 2016 y 2017.

Empleo Público:

Se dispone un congelamiento de las vacantes del empleo público provincial y se establece que se debe aplicar la ley de concursos para acceder a la administración pública provincial.

Licitaciones públicas: Proponemos derogar las autorizaciones para que el Estado contrate en algunos casos sin licitación púbica, pues este mecanismo debe ser respetado para garantizar transparencia y concurso de precios.

Responsabilidad Fiscal: Volvemos a poner en vigencia aspectos suspendidos de la Ley de Responsabilidad Fiscal para mejorar el control del funcionamiento del Estado. Recuperamos la necesidad de contar con un Fondo Anticíclico.

A continuación podés ver el texto completo de la redacción del presupuesto reformulado.

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El presente proyecto plantea una alternativa superadora de la situación que actualmente sufre la ejecución de resoluciones judiciales. Como es sabido, el incumplimiento de las decisiones de los jueces alimenta la sobrecarga de trabajo siempre creciente del Poder Judicial. El perjudicado es siempre quien pide justicia desde que, al tiempo insumido por el proceso hasta la sentencia, debe sumar el de la etapa de ejecución, sin buenas perspectivas.
La propuesta de ley se inserta dentro de la concepción que visualiza el derecho a que el juicio concluya y se cumpla sin dilaciones indebidas como el derecho humano regulado en el artículo 6 de la Convención Interamericana de Derechos humanos; así, la Corte interamericana ha sostenido que “La responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas” ; el incumplimiento de este mandato ha causado una grave condena a nuestro país en el caso “Fornerón v. Argentina” el 27-4-2012. También integra la tendencia propugnada por la doctrina procesal argentina para la tercerización de funciones judiciales ; a ese fin, se acude a la experiencia comparada en otros países, como es el caso de los huissiers de Justice en Francia y en otros países europeos y del continente americano .
Obviamente, el proyecto ha adecuado esa figura al esquema constitucional argentino, en particular, lo relativo al control de la actividad y la jurisdicción de tipo contencioso, que se procura mantener en el ámbito del Poder Judicial, derivando sólo el resto de funciones , que son, precisamente, las que suelen provocar las mayores dilaciones y disfunciones del sistema.
El éxito del nuevo esquema dependerá de la profesionalidad de sus protagonistas, los Oficiales Ejecutores, cuya función se regula con el debido control estatal (como ocurre hasta hoy con los notarios). El proyecto pone, pues, una atención central en la necesidad de que accedan a un título universitario, así como su reglamentación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Con tales elementos básicos, es posible esperar un mejoramiento de esta etapa crucial para el acceso a la justicia de los ciudadanos, toda vez que ninguna justicia declarada en una sentencia es útil y verdadera, cuando a su vez no se transforma en realidad para el justiciable.

Por estos fundamentos y los que oportunamente se darán es que solicito el tratamiento y posterior aprobación del siguiente Proyecto de Ley.

Mendoza, 29 de Octubre de 2013.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN, CON FUERZA DE

L E Y:

LEY DE OFICIALES EJECUTORES

Artículo 1° – Función – Los Oficiales Ejecutores revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postular quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador. Los dos últimos, siempre que acrediten, además, certificación de estudios universitarios complementarios con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, que incluyan como mínimo las siguientes asignaturas con una carga horaria no inferior a 50 horas presenciales cada una: a) Ética, b) Ejecución de sentencias y otras resoluciones; c) Métodos alternativos de resolución de conflictos. Tales asignaturas y carga horaria deberán incluirse también en las carreras que otorguen el título universitario específico.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aun cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.
2) En los casos que dispone el art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.

No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del art. 85 CPC.

3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.

4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.

Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámitesi considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los 5 días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el art. 3. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.
Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrán optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9° – Informes – La Suprema Corte de Justicia elevará anualmente un informe a la H. Legislatura sobre el estado de la actividad propia de los Oficiales Ejecutores, de acuerdo a las estadísticas que recabe a tales efectos. Eventualmente, sobre esa base podrá proponer modificaciones de cualquier tipo a la presente normativa.

Art. 10° – De forma.


Media Sanción Expte. Nro.: 0000064485
$Expte. 64485

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE OFICIALES EJECUTORES
Artículo 1°- Función – Créase la figura de los Oficiales Ejecutores, quienes revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes deberes y facultades:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postularse quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador, siempre que acrediten el cumplimiento de la capacitación de acuerdo a la reglamentación.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aún cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la Provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.

2) En los casos que dispone el Art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el Art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.
No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el Art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el Art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el Art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el Art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (Arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del Art. 85 CPC.
3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del Art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.
4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los

correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.
Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámite si considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los cinco (5) días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los Arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución
exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el Juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (Art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del Art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el Art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el Juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el Art. 3°. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.

Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al Art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrá optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del Art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del Art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del Art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA
Secretario Legislativo
H. Cámara de Senadores
H. CAMARA DE SENADORES
MENDOZA

Expte. Nro.: 0000064485
 

HONORABLE CÁMARA:

Ponemos a consideración de los Sres. Senadores el siguiente Proyecto de Ley con el objeto de legislar sobre las funciones y alcances de los Oficiales Ejecutores.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto plantea una alternativa superadora de la situación que actualmente sufre la ejecución de resoluciones judiciales. Como es sabido, el incumplimiento de las decisiones de los jueces alimenta la sobrecarga de trabajo siempre creciente del Poder Judicial. El perjudicado es siempre quien pide justicia desde que, al tiempo insumido por el proceso hasta la sentencia, debe sumar el de la etapa de ejecución, sin buenas perspectivas.
La propuesta de ley se inserta dentro de la concepción que visualiza el derecho a que el juicio concluya y se cumpla sin dilaciones indebidas como el derecho humano regulado en el artículo 6 de la Convención Interamericana de Derechos humanos; así, la Corte interamericana ha sostenido que “La responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas” ; el incumplimiento de este mandato ha causado una grave condena a nuestro país en el caso “Fornerón v. Argentina” el 27-4-2012. También integra la tendencia propugnada por la doctrina procesal argentina para la tercerización de funciones judiciales ; a ese fin, se acude a la experiencia comparada en otros países, como es el caso de los huissiers de Justice en Francia y en otros países europeos y del continente americano .
Obviamente, el proyecto ha adecuado esa figura al esquema constitucional argentino, en particular, lo relativo al control de la actividad y la jurisdicción de tipo contencioso, que se procura mantener en el ámbito del Poder Judicial, derivando sólo el resto de funciones , que son, precisamente, las que suelen provocar las mayores dilaciones y disfunciones del sistema.
El éxito del nuevo esquema dependerá de la profesionalidad de sus protagonistas, los Oficiales Ejecutores, cuya función se regula con el debido control estatal (como ocurre hasta hoy con los notarios). El proyecto pone, pues, una atención central en la necesidad de que accedan a un título universitario, así como su reglamentación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Con tales elementos básicos, es posible esperar un mejoramiento de esta etapa crucial para el acceso a la justicia de los ciudadanos, toda vez que ninguna justicia declarada en una sentencia es útil y verdadera, cuando a su vez no se transforma en realidad para el justiciable.

Por estos fundamentos y los que oportunamente se darán es que solicito el tratamiento y posterior aprobación del siguiente Proyecto de Ley.

Mendoza, 29 de Octubre de 2013.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN, CON FUERZA DE

L E Y:

LEY DE OFICIALES EJECUTORES

Artículo 1° – Función – Los Oficiales Ejecutores revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postular quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador. Los dos últimos, siempre que acrediten, además, certificación de estudios universitarios complementarios con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, que incluyan como mínimo las siguientes asignaturas con una carga horaria no inferior a 50 horas presenciales cada una: a) Ética, b) Ejecución de sentencias y otras resoluciones; c) Métodos alternativos de resolución de conflictos. Tales asignaturas y carga horaria deberán incluirse también en las carreras que otorguen el título universitario específico.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aun cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.
2) En los casos que dispone el art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.

No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del art. 85 CPC.

3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.

4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.

Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámitesi considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los 5 días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el art. 3. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.
Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrán optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9° – Informes – La Suprema Corte de Justicia elevará anualmente un informe a la H. Legislatura sobre el estado de la actividad propia de los Oficiales Ejecutores, de acuerdo a las estadísticas que recabe a tales efectos. Eventualmente, sobre esa base podrá proponer modificaciones de cualquier tipo a la presente normativa.

Art. 10° – De forma.


Media Sanción Expte. Nro.: 0000064485
$Expte. 64485

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE OFICIALES EJECUTORES
Artículo 1°- Función – Créase la figura de los Oficiales Ejecutores, quienes revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes deberes y facultades:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postularse quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador, siempre que acrediten el cumplimiento de la capacitación de acuerdo a la reglamentación.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aún cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la Provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.

2) En los casos que dispone el Art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el Art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.
No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el Art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el Art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el Art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el Art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (Arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del Art. 85 CPC.
3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del Art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.
4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los

correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.
Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámite si considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los cinco (5) días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los Arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución
exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el Juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (Art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del Art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el Art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el Juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el Art. 3°. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.

Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al Art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrá optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del Art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del Art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del Art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA
Secretario Legislativo
H. Cámara de Senadores
H. CAMARA DE SENADORES
MENDOZA

Sdora. MIRIAM GALLARDO
Presidenta Provisional
A/C de la Presidencia
H . Cámara de Senadores

Sdora. MIRIAM GALLARDO
Presidenta Provisional
A/C de la Presidencia
H . Cámara de Senadores

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imageLa democracia republicana debe fortalecerse día a día, y debe consolidarse mediante mecanismos que le permitan al ciudadano conocer lo que ocurre dentro de la administración pública, para que mejore la prestación de servicios y la calidad de vida del pueblo.
Mecanismos de transparencia y de acceso a la información pública, son herramientas que sintonizan acabadamente con los objetivos antes mencionados, y deben ser legislados para lograr el cumplimiento de esas metas.
A su vez, son instituciones que ayudan para combatir el flagelo de la corrupción, que causa imperceptibles pero importantes daños en el tejido social.
El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y promover la publicidad de los actos de gobierno, de sus resoluciones, procedimientos y documentos, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

A continuación podés ver el texto del proyecto presentado.

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La Provincia de Mendoza dictó la Ley 7980 publicada en el Boletín Oficial el 06/12/2009, que ratifica el decreto del Poder Ejecutivo Nº 3166 de fecha 15/11/07, que homologa dos Actas Paritarias celebrada con fecha 19/10/07 entre la Comisión Negociadora de la Administración Central y el Poder Ejecutivo Provincial, relacionada con la implementación del Régimen de Concursos y la efectividad de los cargos de agentes de la Administración Central de Mendoza.
En la mencionada norma, se establece un sistema para el ingreso y la promoción de trabajadores del Estado que se encuentran comprendidos en el Escalafón General para el Personal de la Administración Pública Provincial (Ley 5126), Escalafón del Personal de Parques y Zoológico (Ley 7162), Personal de la Empresa Provincial de Transportes y aquellos agentes que no estén comprendidos en otros regímenes especiales.
A su vez, esta norma ha sido reglamentada por medio del Decreto 1112/2011 determinando el proceso para determinar los concursos que deben implementarse anualmente.

Comisión de Servicio Público:
Proponemos mediante el presente proyecto de ley, realizar un aporte a los efectos de poner en funcionamiento el sistema y la creación de una Comisión de Servicio Público para la Selección y Formación del Empleo Público.
Pretendemos que esta Comisión sea el principal referente de los procesos de profesionalización y selección del personal idóneo y el órgano rector de calidad en el Gobierno de la Provincia de Mendoza, con personal altamente calificado y comprometido con la mejora continua en beneficio de la Provincia.
La razón de impulsar esta Comisión es que básicamente entendemos cual es el escenario futuro deseable de nuestra Provincia, los valores que debe tener la misma y el compromiso con la ciudadanía.
Con la motivación de subsanar estas falencias es que tenemos la problemática identificada y también las acciones que permitirán terminar con el creciente abandono en materia de profesionalización que registra hoy el Estado Provincial.
El desafío es consolidar una estructura institucional funcional, un Sector Público con personal comprometido y eficiente y para ello es necesario impulsar procesos de profesionalización tanto de los empleados de planta como así también a quienes pretenden ingresar a la Carrera Administrativa Pública; procesos cimentados en una cultura de calidad y evaluación del desempeño, en el uso de tecnología de vanguardia y en un sistema de profesionalización que garantice y centralice la gestión y obtención de los recursos humanos mediante concursos públicos de antecedentes, evaluación de oposiciones y la asignación de ingreso por orden de mérito.
La Comisión apunta a un proceso de transformación integral del servidor público a lo largo del tiempo; que requiere de un seguimiento sistemático y también de la generación de oportunidades vinculadas con instituciones de diferentes niveles; con el ánimo de consolidar un grupo humano cada vez más capacitado con mayor calidad y vocación.
Por estos fundamentos y los que oportunamente se darán es que solicito el tratamiento y posterior aprobación del siguiente Proyecto de Ley.

Mendoza, 30 de Octubre de 2012.

Carlos Aguinaga
Senador Provincial

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN, CON FUERZA DE

L E Y:

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Artículo 1 – Crear en el ámbito de la Provincia de Mendoza una entidad autárquica, descentralizada, bajo el nombre de Comisión de Servicio Público para el ingreso, promoción, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos de la Administración Central de la Provincia de Mendoza (Régimen 5).

Artículo 2 – Esta Comisión contará con plena autarquía administrativa, financiera, y se dictará su propio Estatuto Interno.

Artículo 3 – La Comisión será de aplicación para los agentes comprendidos en el Escalafón General establecido para el Personal de la Administración Pública Provincial, Ley N° 5126; Escalafón del Personal de Parques y Zoológico, Ley N° 7162 y modificatorias, Personal de la Empresa Provincial de Transportes y aquellos agentes que no estén comprendidos en otros regímenes especiales.

Artículo 4 – Objetivo. La Comisión tendrá por Objetivos, entre otros, los siguientes:

I – Desarrollar, implementar y supervisar.

a) Todo llamado a Concurso Público y publicación de Orden de Mérito para el ingreso a los cargos de planta permanente de la Administración Central de la Provincia (Régimen 5).
b) Los programas y actividades de formación y perfeccionamiento, permanente o temporal, a todos los niveles y en todos los ámbitos de la Administración Central de la Provincia (Régimen 5).
c) Programas de capacitación, de evaluación objetiva y transparente que garanticen el ingreso y promoción del personal más idóneo a la Administración Central de la Provincia (Régimen 5).

II- Poner en Vigencia la Ley 7970 del 11 de Noviembre de 2008.

III – Recopilar, procesar y analizar datos sobre el personal, con miras a la elaboración e implementación de un Banco de Datos de los Recursos Humanos del Escalafón General de la Provincia (Régimen 5) .

IV – Formar a los servidores públicos, actualizando y perfeccionando sus conocimientos de acuerdo a las exigencias de las carreras administrativas.

V – Fomentar la integración entre el sector público y las universidades, sean estas nacionales o internacionales.

VI – Proporcionar servicios especializados, técnicos y administrativos, de asesoría, consultoría y otros trabajos relacionados con la modernización administrativa.

VII – Reclutar, seleccionar y supervisar a los empleados de la administración Central en todas sus áreas y todos los niveles.

VIII – Generar y establecer la cultura de calidad, eficiencia e idoneidad de los Servidores Públicos.

Artículo 5 – Atribuciones. Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión tendrá entre otras las siguientes atribuciones:

I – Coordinar el diseño, elaboración e implementación de acciones de desarrollo administrativo acordes a las necesidades del Sector Público Provincial, para que los programas de gobierno se ejecuten con éxito.

II – Reclutar, seleccionar y supervisar a los empleados comprendidos en el Escalafón General establecido para el Personal de la Administración Pública Provincial, Ley N° 5126; Escalafón del Personal de Parques y Zoológico, Ley N° 7162 y modificatorias, Personal de la Empresa Provincial de Transportes y aquellos agentes que no estén comprendidos en otros regímenes especiales.

III – Realizar acciones de comunicación, vinculación y extensión con instituciones de educación y/o capacitación, públicas o privadas y sean estas nacionales o internacionales, para apoyar el desarrollo laboral del servidor público, en congruencia con las necesidades individuales y organizacionales que requiera la Administración Pública.

IV – Crear un Plan de Pasantías Educativas en congruencia con lo establecido en la Ley N° 25.165 para fomentar la participación de personal capacitado en áreas especificas de la Administración a través de convenios con Instituciones Educativas Públicas.

V – Organizar cursos, conferencias, seminarios de perfeccionamiento, desarrollo y actualización destinados a empleados de la administración y público en general aspirante a ingresar a la administración estatal.

VI – Realizar actos de difusión y promoción de sus actividades y demás publicaciones referidas a su objeto.

Artículo 6 – Integración. La Comisión estará conformada por un Directorio y un Consejo Asesor.

Articulo 7 – El Directorio estará integrado por un Director General designado por el Gobernador de la Provincia de Mendoza -con acuerdo del Senado de la Provincia- y por dos Directores Adjuntos, elegidos según orden de mérito surgido de llamado a concurso público efectuado por el Director General, quienes a su vez estarán a cargo de las comisiones de Selección y de Formación respectivamente.

Articulo 8 – El Director General durará Seis (6) años en sus funciones dentro del Directorio, pudiendo el mismo ser reelecto y ejercerá en conjunto con los Directores Adjuntos el mandato de la Comisión conforme lo establecido en su Estatuto Interno.

Artículo 9 – El Directorio, entre otras, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:

I – Dictar su propio Estatuto Interno, dentro de los treinta (30) días de integrado el primer Directorio.

II – Elaborar su propio presupuesto, el que deberá elevar a la Legislatura para su aprobación.

III – Llamar a la conformación del Consejo Asesor dentro de los 10 días de formado el primer Directorio.

IV – Hacer un informe anual de su gestión, el que deberá remitir al Consejo Asesor.

V – Aprobar, Suscribir y celebrar contratos, convenios y toda clase de actos jurídico con otros organismos Municipales, Provinciales o Nacionales y que se relacionen directamente con el objeto de la Comisión.

VI – Definir y ejecutar las acciones y políticas públicas en materia de capacitación y desarrollo profesional de los recursos humanos al servicio de la Administración Pública Provincial.

VII – Representar la Dirección en el ámbito de su competencia, ante todo tipo de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales.

VIII – Proponer, gestionar y autorizar el llamado a concurso público para la selección y el ingreso del personal administrativo de la Comisión necesario para su correcto funcionamiento y el de todas sus áreas en conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Interno.

IX – Proponer al Gobernado de la Provincia, los proyectos de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones legales relacionados con los asuntos de competencia de la dirección.

X – Emitir resoluciones e imponer las sanciones que correspondan al personal de la Comisión de acuerdo a la normatividad aplicable según dicta su Estatuto Interno.

XI – Convocar a reuniones de trabajo a los titulares de los diferente órganos administrativos de la dirección, para instruir, acordar y delegar funciones, derechos y obligaciones.

XII – Administrar los recursos humanos, materiales, y financieros asignados a la Comisión, de conformidad con las disposiciones fijadas en su Estatuto Interno.

Artículo 10 – El Consejo Asesor tendrá a su cargo la asesoría y el contralor de las actividades que lleve adelante la Comisión. Este consejo será un órgano “ad-hoc” que estará conformado por cuatro (4) miembros y cuya integración será la siguiente:

 Un Representante de una unidad académica que dependa de la Universidad que se relacione con la Investigación y Formación en la Administración Pública.
 Dos Representantes de la banca opositora que formen parte del Senado de la Provincia, uno por la Primer Minoría y uno por la Segunda Minoría.
 Un Representante del Sindicato con mayor personería jurídica.

Articulo 11 – Dentro de las atribuciones del Consejo Asesor, la principal será la de constituirse en el órgano auditor de las actividades llevadas adelante por la Comisión, velando por el derecho los ciudadanos a la igualdad de posibilidades para el ingreso a la Administración Pública Provincial (Escalafón General) y promover la jerarquización del Empleo Público.

Articulo 12 – Quedará excluido del alcance y las atribuciones de la Comisión la selección y supervisión del personal Fuera de Nivel (Ministros, Directores y Asesores), personal Contratado y personal Interino.

Articulo 13 – Todo ingreso de personal a la planta permanente del escalafón General deberá de hacerse de acuerdo a la Ley 7970.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

Artículo 14 – La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 15 – De forma.

Carlos Aguinaga
Senador Provincial

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