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El presente proyecto plantea una alternativa superadora de la situación que actualmente sufre la ejecución de resoluciones judiciales. Como es sabido, el incumplimiento de las decisiones de los jueces alimenta la sobrecarga de trabajo siempre creciente del Poder Judicial. El perjudicado es siempre quien pide justicia desde que, al tiempo insumido por el proceso hasta la sentencia, debe sumar el de la etapa de ejecución, sin buenas perspectivas.
La propuesta de ley se inserta dentro de la concepción que visualiza el derecho a que el juicio concluya y se cumpla sin dilaciones indebidas como el derecho humano regulado en el artículo 6 de la Convención Interamericana de Derechos humanos; así, la Corte interamericana ha sostenido que “La responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas” ; el incumplimiento de este mandato ha causado una grave condena a nuestro país en el caso “Fornerón v. Argentina” el 27-4-2012. También integra la tendencia propugnada por la doctrina procesal argentina para la tercerización de funciones judiciales ; a ese fin, se acude a la experiencia comparada en otros países, como es el caso de los huissiers de Justice en Francia y en otros países europeos y del continente americano .
Obviamente, el proyecto ha adecuado esa figura al esquema constitucional argentino, en particular, lo relativo al control de la actividad y la jurisdicción de tipo contencioso, que se procura mantener en el ámbito del Poder Judicial, derivando sólo el resto de funciones , que son, precisamente, las que suelen provocar las mayores dilaciones y disfunciones del sistema.
El éxito del nuevo esquema dependerá de la profesionalidad de sus protagonistas, los Oficiales Ejecutores, cuya función se regula con el debido control estatal (como ocurre hasta hoy con los notarios). El proyecto pone, pues, una atención central en la necesidad de que accedan a un título universitario, así como su reglamentación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Con tales elementos básicos, es posible esperar un mejoramiento de esta etapa crucial para el acceso a la justicia de los ciudadanos, toda vez que ninguna justicia declarada en una sentencia es útil y verdadera, cuando a su vez no se transforma en realidad para el justiciable.

Por estos fundamentos y los que oportunamente se darán es que solicito el tratamiento y posterior aprobación del siguiente Proyecto de Ley.

Mendoza, 29 de Octubre de 2013.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN, CON FUERZA DE

L E Y:

LEY DE OFICIALES EJECUTORES

Artículo 1° – Función – Los Oficiales Ejecutores revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postular quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador. Los dos últimos, siempre que acrediten, además, certificación de estudios universitarios complementarios con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, que incluyan como mínimo las siguientes asignaturas con una carga horaria no inferior a 50 horas presenciales cada una: a) Ética, b) Ejecución de sentencias y otras resoluciones; c) Métodos alternativos de resolución de conflictos. Tales asignaturas y carga horaria deberán incluirse también en las carreras que otorguen el título universitario específico.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aun cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.
2) En los casos que dispone el art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.

No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del art. 85 CPC.

3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.

4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.

Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámitesi considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los 5 días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el art. 3. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.
Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrán optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9° – Informes – La Suprema Corte de Justicia elevará anualmente un informe a la H. Legislatura sobre el estado de la actividad propia de los Oficiales Ejecutores, de acuerdo a las estadísticas que recabe a tales efectos. Eventualmente, sobre esa base podrá proponer modificaciones de cualquier tipo a la presente normativa.

Art. 10° – De forma.


Media Sanción Expte. Nro.: 0000064485
$Expte. 64485

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE OFICIALES EJECUTORES
Artículo 1°- Función – Créase la figura de los Oficiales Ejecutores, quienes revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes deberes y facultades:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postularse quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador, siempre que acrediten el cumplimiento de la capacitación de acuerdo a la reglamentación.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aún cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la Provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.

2) En los casos que dispone el Art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el Art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.
No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el Art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el Art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el Art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el Art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (Arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del Art. 85 CPC.
3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del Art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.
4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los

correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.
Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámite si considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los cinco (5) días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los Arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución
exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el Juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (Art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del Art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el Art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el Juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el Art. 3°. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.

Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al Art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrá optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del Art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del Art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del Art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA
Secretario Legislativo
H. Cámara de Senadores
H. CAMARA DE SENADORES
MENDOZA

Expte. Nro.: 0000064485
 

HONORABLE CÁMARA:

Ponemos a consideración de los Sres. Senadores el siguiente Proyecto de Ley con el objeto de legislar sobre las funciones y alcances de los Oficiales Ejecutores.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto plantea una alternativa superadora de la situación que actualmente sufre la ejecución de resoluciones judiciales. Como es sabido, el incumplimiento de las decisiones de los jueces alimenta la sobrecarga de trabajo siempre creciente del Poder Judicial. El perjudicado es siempre quien pide justicia desde que, al tiempo insumido por el proceso hasta la sentencia, debe sumar el de la etapa de ejecución, sin buenas perspectivas.
La propuesta de ley se inserta dentro de la concepción que visualiza el derecho a que el juicio concluya y se cumpla sin dilaciones indebidas como el derecho humano regulado en el artículo 6 de la Convención Interamericana de Derechos humanos; así, la Corte interamericana ha sostenido que “La responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas” ; el incumplimiento de este mandato ha causado una grave condena a nuestro país en el caso “Fornerón v. Argentina” el 27-4-2012. También integra la tendencia propugnada por la doctrina procesal argentina para la tercerización de funciones judiciales ; a ese fin, se acude a la experiencia comparada en otros países, como es el caso de los huissiers de Justice en Francia y en otros países europeos y del continente americano .
Obviamente, el proyecto ha adecuado esa figura al esquema constitucional argentino, en particular, lo relativo al control de la actividad y la jurisdicción de tipo contencioso, que se procura mantener en el ámbito del Poder Judicial, derivando sólo el resto de funciones , que son, precisamente, las que suelen provocar las mayores dilaciones y disfunciones del sistema.
El éxito del nuevo esquema dependerá de la profesionalidad de sus protagonistas, los Oficiales Ejecutores, cuya función se regula con el debido control estatal (como ocurre hasta hoy con los notarios). El proyecto pone, pues, una atención central en la necesidad de que accedan a un título universitario, así como su reglamentación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Con tales elementos básicos, es posible esperar un mejoramiento de esta etapa crucial para el acceso a la justicia de los ciudadanos, toda vez que ninguna justicia declarada en una sentencia es útil y verdadera, cuando a su vez no se transforma en realidad para el justiciable.

Por estos fundamentos y los que oportunamente se darán es que solicito el tratamiento y posterior aprobación del siguiente Proyecto de Ley.

Mendoza, 29 de Octubre de 2013.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN, CON FUERZA DE

L E Y:

LEY DE OFICIALES EJECUTORES

Artículo 1° – Función – Los Oficiales Ejecutores revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postular quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador. Los dos últimos, siempre que acrediten, además, certificación de estudios universitarios complementarios con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, que incluyan como mínimo las siguientes asignaturas con una carga horaria no inferior a 50 horas presenciales cada una: a) Ética, b) Ejecución de sentencias y otras resoluciones; c) Métodos alternativos de resolución de conflictos. Tales asignaturas y carga horaria deberán incluirse también en las carreras que otorguen el título universitario específico.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aun cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.
2) En los casos que dispone el art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.

No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del art. 85 CPC.

3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.

4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.

Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámitesi considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los 5 días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el art. 3. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.
Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrán optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9° – Informes – La Suprema Corte de Justicia elevará anualmente un informe a la H. Legislatura sobre el estado de la actividad propia de los Oficiales Ejecutores, de acuerdo a las estadísticas que recabe a tales efectos. Eventualmente, sobre esa base podrá proponer modificaciones de cualquier tipo a la presente normativa.

Art. 10° – De forma.


Media Sanción Expte. Nro.: 0000064485
$Expte. 64485

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE OFICIALES EJECUTORES
Artículo 1°- Función – Créase la figura de los Oficiales Ejecutores, quienes revisten el carácter de oficiales públicos en el trámite de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 2° – Atribuciones – A los efectos del ejercicio de su función, tienen los siguientes deberes y facultades:
a) Deberes:
1. Dar respuesta diligente a todo litigante o juez que requiera un trámite de ejecución de una resolución judicial.
2. Dictar todas las resoluciones correspondientes a su actuación, y conservar un protocolo con copias.
3. Derivar al juez competente la resolución de controversias que se susciten en el curso de la ejecución entre las partes del proceso principal, o entre éstas y terceros.
4. Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos estadísticos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

b) Facultades:
1. Requerir el auxilio de la fuerza pública, en los mismos términos que los jueces, para la ejecución de sus resoluciones.
2. Notificar.
3. Constatar cosas o lugares.
4. Convocar audiencias con las partes o terceros.
5. Requerir informes.
6. Realizar las demás actividades que disponga o requiera la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 3° – Designación – Serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, previo concurso público. Sólo podrán postularse quienes hayan obtenido el título universitario específico, o bien el de abogado, escribano o procurador, siempre que acrediten el cumplimiento de la capacitación de acuerdo a la reglamentación.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia reglamentará todo lo concerniente al concurso público y a la competencia, control y disciplina del Oficial Ejecutor. Al ser nombrado, fijará el domicilio y horario de atención para la compulsa de expedientes y listas de notificación.
El ejecutante podrá elegir al Oficial Ejecutor por escrito presentado en el expediente donde se haya dictado la resolución a ejecutar, de una lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Con dicho escrito solicitará también las copias indicadas en el artículo siguiente, de acuerdo al cual una vez confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, éste deberá actuar personalmente y no podrá ser reemplazado salvo causa justificada, admitida como tal por el órgano de Superintendencia encargado por la Suprema Corte de Justicia, quien en tal caso podrá nombrar un nuevo oficial ejecutor. La actuación personal se extiende aún cuando deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción del tribunal. Puede contratar empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas, pero nunca podrán suplantar su actuación personal en los actos que esta ley determina.

Art. 4° – Trámite – El peticionante de la ejecución iniciará el trámite ante el Oficial Ejecutor acompañando copia certificada de la resolución a ejecutar y de la que admitió su intervención. La parte ejecutada podrá recusarlo por las mismas causales y trámite propios de los jueces. El Oficial Ejecutor deberá excusarse en los mismos supuestos, y por el mismo trámite.
Confirmada la intervención del Oficial Ejecutor, este abrirá un expediente con las mismas formas prescriptas para los expedientes judiciales, y dictará y ejecutará todos los actos y resoluciones atribuidas a jueces, secretarios, martilleros y oficiales de justicia, según los trámites previstos por el Código Procesal Civil de la Provincia, excepto las siguientes reglas:

1) En los casos en que se ejecuta una resolución que ordena hacer alguna cosa por intermedio de un Oficial de Justicia, y en los mismos términos que éste, el Oficial Ejecutor podrá requerir en cualquier estado del trámite instrucciones al juez competente por cualquier medio, oral o escrito. En los casos en que tales órdenes involucren la intervención o el traslado de personas humanas, procurará evitar cualquier lesión a sus derechos personalísimos.

2) En los casos que dispone el Art. 248- 2° párrafo del CPC, el Oficial Ejecutor sólo ejercerá las funciones de corredor o comisionista de bolsa que determina el Art. 249-II de CPC en caso de contar con la habilitación respectiva. Caso contrario, derivará la tarea, en las mismas condiciones que el juez competente.
No se convocará a la audiencia para designar martillero dispuesta por el Art. 249-IV del CPC, ni se aplicará lo allí dispuesto para su comisión.
La cuenta de gastos y demás documentación que dispone el Art. 253, 1er. párrafo del CPC, será puesta a disposición de parte interesada por el Oficial Ejecutor, por el plazo y apercibimiento indicados en esa norma, a los fines de su posible observación de acuerdo a lo dispuesto por su 2° párrafo.
No será necesaria la aceptación de cargo que dispone el Art. 250 inc. 5 del CPC para ordenar la venta en remate, ni la necesidad de pago de la comisión de su inc. 7.
En lugar de la comisión que refiere el Art. 254- 1er. párrafo, se entenderá como integrante de la responsabilidad del postor, el pago de la remuneración del Oficial Ejecutor correspondiente al trámite de subasta.
Debe ser derivada al juez competente la resolución de la eventual observación del acto de subasta, la cuenta de gastos, liquidaciones y proyectos de distribución (Arts. 253, 255-V, 257 y 258-IV CPC); también la homologación de los convenios que a criterio del Oficial Ejecutor o cualquiera de los litigantes pudieran comportar una transacción, en los términos del Art. 85 CPC.
3) Si se interpusiera una tercería excluyente en los términos del Art. 105/8 CPC, el Oficial Ejecutor elevará en el plazo de un día compulsa del expediente al juez competente, quien resolverá en consecuencia; de admitir el trámite, lo sustanciará en sede judicial y comunicará al Oficial Ejecutor las posibles suspensiones del trámite a su cargo.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la pretensión de terceros acreedores en las ejecuciones de resoluciones que condenan a dar sumas de dinero, con el único objeto de hacer valer un mejor derecho al momento de definirse el proyecto de distribución.
4) El Oficial Ejecutor sólo podrá regular los honorarios correspondientes al trámite que efectivice en los términos de las leyes arancelarias correspondientes, y los propios conforme lo dispone esta ley, excepto los

correspondientes a la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes del dictado de la sentencia, así como órdenes de hacer, que serán regulados por el juez que las ordenó, incluso los correspondientes al Oficial Ejecutor. Los honorarios complementarios o diferidos en sede judicial deberán ser siempre peticionados y regulados en esa sede.
5) Contra las resoluciones en las que el Oficial Ejecutor regule honorarios, propios o ajenos, procede el recurso de apelación en los mismos términos y trámite dispuestos por el Código Procesal Civil, elevándose compulsa del trámite a la Cámara de Apelaciones competente y a cargo del apelante. El recurso no tendrá efecto suspensivo del trámite principal, salvo que se encontrare en estado de ordenar la entrega de fondos depositados, los que no se podrán entregar hasta tanto la resolución de Cámara se encuentre firme y la compulsa haya sido recibida en devolución por ese Tribunal; en cambio, podrán ser entregados los que resulten de pago preferente a los honorarios apelados.
Contra las demás resoluciones del Oficial Ejecutor sólo se admitirá recurso de reconsideración, dentro de los tres días de notificadas. Deberá fundarse por escrito y en cualquier tipo de error por el cual el recurrente se considere agraviado. El Oficial Ejecutor dará vista al litigante contrario del recurrente; sin embargo, podrá rechazarlo sin más trámite si considera manifiesta su improcedencia.
Dentro de los cinco (5) días de haber sido notificada la resolución, el interesado sólo podrá interponer incidente de nulidad contra la resolución recurrida y/o la que resuelve su reconsideración, ante el juez competente, con compulsa del expediente tramitado ante el Oficial Ejecutor, continuando el trámite incidental en sede judicial según lo dispuesto por los Arts. 92 a 94 del CPC. Si peticionare la suspensión del trámite y el juez lo considerara procedente, lo comunicará al Oficial Ejecutor.

6) En cualquier estado del trámite, el Oficial Ejecutor, por resolución fundada, podrá elevar el expediente de ejecución al juez competente, si estimara que las dificultades existentes para llevar a cabo la ejecución
exceden sus posibilidades. Previamente deberá citar a las partes a una audiencia para exponer la situación, e intentar una solución o conciliación con cualquier método, incluso el de mediación. El resultado deberá ser homologado por el juez de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 4, inc. 2 último párrafo.

Deberá siempre elevar el expediente cuando necesite practicar un allanamiento de domicilio, a fin de que el Juez lo ordene, si no lo hubiera hecho ya en la resolución a ejecutar.
El juez competente, dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción del expediente de ejecución, confirmará por auto la decisión del Oficial Ejecutor, o le devolverá el expediente con las indicaciones que estime pertinentes. En el supuesto de ordenarse obligaciones de hacer, si dispone que el ejecutado pague los daños y perjuicios (Art. 277 inc. 5 y 6 del CPC) el trámite seguirá en sede judicial hasta quedar firme el auto del Art. 276 del CPC; luego, volverá a la sede del Oficial Ejecutor para continuar el trámite dispuesto por el Art. 277-1er. párrafo del CPC.

7) Si la dificultad esgrimida según el inciso anterior consistiera en la negativa del concurso de la fuerza pública por parte del Poder Ejecutivo y el Juez estimare que tal negativa no se encuentra acreditada en forma inequívoca, previo a tomar la decisión, podrá requerir informe circunstanciado al órgano administrativo al que el Oficial Ejecutor solicitó auxilio.

Art. 5° – Remuneración y Gastos – El Oficial Ejecutor percibirá una remuneración equivalente a la del abogado de la parte ejecutante. Si el trámite terminara por cualquier circunstancia antes de que se complete en todos sus términos el cumplimiento de la orden de la resolución a ejecutar, el honorario se regulará en proporción a las etapas efectivamente desarrolladas. Del mismo modo se hará cuando actúe más de un oficial ejecutor en el mismo trámite, a tenor de lo dispuesto en el Art. 3°. En los casos en que practique la ejecución de medidas precautorias ordenadas antes de dictarse la sentencia, el monto equivaldrá al que corresponde al abogado de la parte ganadora, aunque la medida se revoque por cualquier causa. En los supuestos de órdenes de hacer dispuestas en una sentencia, si la ley arancelaria no previera regulación alguna al abogado por la etapa de ejecución, el juez competente regulará los honorarios del Oficial Ejecutor conforme las mismas pautas que esas leyes establecen para la actuación en medidas precautorias con monto indeterminado.
El Oficial Ejecutor podrá percibir el monto correspondiente sólo una vez firme la resolución correspondiente al proyecto de distribución, o finalizado completamente el trámite en los casos en que las leyes procesales no disponen la confección de ese proyecto.

Con su primera intervención, el Oficial Ejecutor hará saber al ejecutante los gastos que debe adelantar a los efectos de proseguir el trámite.
La remuneración y gastos del Oficial Ejecutor, integran los gastos de justicia.

Art. 6° – Agrégase al Art. 112 inc. 11 el siguiente texto: “El beneficiario de la medida podrá optar por requerir el cumplimiento a un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley respectiva”.

Art. 7°- Incorpórese como 2° párrafo del Art. 248 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“En los demás casos, se procederá como disponen los artículos siguientes. El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor conforme lo dispuesto en la ley respectiva”.

Art. 8° – Incorpórese como 2° párrafo del Art. 277 del Código Procesal Civil, el siguiente texto:
“El ejecutante podrá optar por continuar el trámite ante un Oficial Ejecutor, en cuyo caso se procederá como indica la ley que regula la respectiva actividad. También podrá hacerlo cuando la resolución a ejecutar ordene hacer o reponer cosas a costa del deudor, conforme lo disponen el inc. 5 y 6 del Art. 273 del CPC. Dicha opción no procede, en cambio, cuando la resolución a ejecutar ordene escriturar u otorgar otros actos jurídicos”.

Art. 9°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA
Secretario Legislativo
H. Cámara de Senadores
H. CAMARA DE SENADORES
MENDOZA

Sdora. MIRIAM GALLARDO
Presidenta Provisional
A/C de la Presidencia
H . Cámara de Senadores

Sdora. MIRIAM GALLARDO
Presidenta Provisional
A/C de la Presidencia
H . Cámara de Senadores

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