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Nuestro primer proyecto va a ser una Ley Anticorrupción para terminar con un flagelo que se come nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras comisarías y nuestro futuro. Con corrupción no hay forma que Argentina salga adelante.
Los dos aspectos más importantes que hemos elaborado con nuestro equipo sobre este tema, son los siguientes:
1) Funcionarios sin prescripción: Para que el paso del tiempo no salve a los funcionarios, necesitamos modificar el artículo 67 del Código Penal. De esta forma las conductas cometidas por los funcionarios corruptos que dañen el patrimonio del Estado, no prescribirán nunca, y los autores del delito podrán ser juzgados siempre.
2) Recompensa para el que denuncie pago de sobreprecios: Buscamos incentivar a las personas que denuncien hechos de corrupción que consistan en pago de sobreprecios por parte del Estado, para que una vez comprobado el hecho delictivo por parte de la justicia, y sancionados los responsables, se le entregue al denunciante un porcentaje del dinero que recupere el Estado del pago de sobreprecios. Esta modificación ha tenido grandes resultados en distintos lugares.

Son propuestas concretas, y perfectamente realizables.
Los corruptos y sus cómplices buscan la impunidad, mientras que nosotros buscamos la justicia y la aplicación de políticas públicas correctas que solucionen los problemas sociales.
Para el oficialismo, la corrupción es algo abstracto, como podés ver en la Carta Abierta No. 13.
Pero para nuestro equipo la corrupción es algo real y concreto, que mata cuando se le quita a las inversiones en obra pública o a la seguridad, que genera pobreza y marginalidad cuando se le quita a los pobres e indigentes, que genera ineficiencia cuando se le quita a la formación de funcionarios públicos de carrera, que genera desigualdad e injusticia social cuando se le quita a la educación, que genera menos salud cuando se le quita a los centros de salud y hospitales.
Los corruptos merecen castigo, público y ejemplar.
Los corruptos deben sentir miedo, deben saber que están controlados.
Los corruptos tienen que devolver al Estado lo que nos robaron.
Es Hora. Es Ahora.

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En nuestra Argentina, tan acostumbrada al “discurso único” o a la bipolaridad del pensamiento o a esperar que ocurran los acontecimientos vinculados al ciclo pendular, abordar el tema de Hebe de Bonafini y el mal manejo de los fondos públicos por parte del gobierno nacional, puede ser catalogado de querer atacar a los Derechos Humanos. Imaginarnos a los responsables siendo investigados por una justicia independiente parece algo difícil de alcanzar, aunque esperamos que se logre.

Me siento defensor de los derechos humanos, pues como amante de la libertad y del valor del individuo, desconfío de los regímenes que colocan al Estado, a la sociedad o a la colectividad, por encima de los derechos del ser humano. El límite al poder es un elemento básico para el desarrollo del hombre en libertad.

En este sentido, me tocó rendir homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo hace tres años en la Legislatura de Mendoza, y lo hice convencido de que su lucha por la verdad era totalmente lícita y admirable. Lo mismo pienso de las Madres, que, con valentía, han logrado hacer conocer al mundo un reclamo justo.

Por eso creo que el accionar de Hebe de Bonafini, convirtiéndose en parte activa del gobierno Kirchnerista, pretendiendo involucrar a toda la institución que representa en defensa de un gobierno, ha causado grave daño en todo sentido. La sociedad política del matrimonio K y Hebe, y el manejo económico que hace tiempo se viene produciendo, ha terminado desnudando una complicidad evidente que se simboliza en la debilidad del sistema “para institucional” que pregonan. Se trata de sostener un “modelo” que funciona por fuera de las instituciones republicanas y que es más endeble que estas.

Que una fundación haya recibido más de $ 700 Millones y que esté por recibir $ 500 Millones, para construir viviendas sociales que no se construyeron en su totalidad, donde las que se realizaron costaron más del doble de su valor, es insostenible desde todo punto de vista. Mientras la Provincia de Mendoza se tiene que endeudar para recibir fondos para construir viviendas, a una fundación se le entregan como subsidio (sin obligación de devolver) más fondos que a la provincia, es indefendible e inexplicable.

Como abogado penalista, tengo en claro que es imposible que se haya cometido “fraude al estado” con la modalidad y alcance desnudado, solo por parte del apoderado de la fundación, sin el conocimiento y la participación de autoridades gubernamentales y de la fundación. Sale a la luz en forma clara que desde el gobierno nacional se salteó a gobiernos provinciales y municipales en el otorgamiento de los fondos para construir viviendas, dándole todo el poder a la fundación de Hebe de Bonafini.

No hagamos pagar a la lucha por los Derechos Humanos, ni a las Madres, ni a las Abuelas, por los hechos contrarios a la ley cometidos por personas que la justicia debe distinguir e individualizar según el grado de participación que le corresponda a cada uno.

Te invito a ver este video donde Lanata y otros entrevistados analizan el tema.

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