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Los patriotas de 1810, cuando dieron el primer grito de libertad, sabían que la tarea debía continuar más allá de la Declaración de la Independencia lograda en 1816.

Luego de mucho esfuerzo, le dieron a la Argentina una organización institucional de avanzada para la época. La democracia nacía en nuestro país, con una Constitución Nacional, mucho antes que en otros.

EEUU y un puñado de naciones avanzaban en este mismo sentido, mientras que en otros continentes recién se estaban desprendiendo de un sistema feudal, autoritario, y colectivista, que había colocado a las grandes mayorías populares en la pobreza, durante los últimos dos mil años. Europa, África y Asia, eran un claro ejemplo de esto, soportando guerras imperiales o monárquicas, donde el pueblo solo obedecía, era cosificado y puesto al servicio de los poderosos, y se lo esquilmaba con la imposición de impuestos impagables.

Por supuesto que aquella democracia Argentina era defectuosa vista con ojos contemporáneos; sin embargo, fue un gran avance para la época.

¿O no era también defectuosa la democracia griega, inventada hace más de 2.500 años, en la que los derechos solo pertenecían a los ciudadanos, y no se extendían al resto del pueblo en general ? Sin embargo, el gran invento griego fue de avanzada en aquel momento.

Que quede claro. El colectivismo se impuso a la democracia durante más de 2.000 años, y fue recién con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que se generalizó una organización política de este tipo, en la que los derechos humanos ocuparon un lugar central.

La democracia del 53 fue evolucionando, mejorando, y los derechos de unos pocos se fueron ampliando cada vez más, sancionándose la Ley Saenz Peña o el derecho al voto femenino varios años después.

Sarmiento decía que de la democracia y de la civilización no se vuelve. Y se preguntaba: ¿Qué pueblo ha sido demócrata en el sentido moderno y después se puso a fundar monarquías y aristocracias? Tenía razón en parte. Sin embargo, esa visión “fukuyamista” de Sarmiento se chocó con el nazismo, el fascismo, y los golpes de estado, amenazas modernas de la democracia liberal.

Y nuestro país los sufrió a todos ellos.

Seis quiebres institucionales (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976), y por lo menos cinco intentos frustrados realizados con anterioridad (1874, 1880, 1890, 1893 y 1905), son pruebas elocuentes de que culturalmente nuestra sociedad no tenía arraigada la defensa del sistema democrático.

De esta situación hemos sido responsables todos como integrantes de la sociedad y de la vida política, por más que algunos sectores busquen demonizar a otros para intentar liberarse de responsabilidad, en un claro mensaje de “yo no fui”.

En cada uno de los golpes hubo víctimas y victimarios de todos los colores políticos.

Lo positivo es que a partir de 1983 y en adelante, la Argentina ha aprendido, y decidido, que quiere vivir en democracia, pues hasta esa fecha, las soluciones frente a malos gobiernos se buscaban en quebrantos al sistema democrático e institucional y no en ejercitar la democracia produciendo los cambios dentro del funcionamiento del sistema.

Este aprendizaje social, que se manifiesta con claridad a partir de 1983, debemos fortalecerlo todos los días, para consolidar y tener una “democracia para siempre”.

Recuerdo las palabras de Raúl Alfonsín en la esquina de San Martín y Las Heras, días antes de ganar las elecciones del 83, convocando a una nueva Argentina de “demócratas”. Sin dudas que sabía que debía producirse un gran cambio cultural para consolidar el sistema.

Cualquier observador, dentro de 100 o 200 años, podrá decir que “nuestra democracia”, la de hoy, también es defectuosa, como la griega o la del 53.

Por ello, debemos avanzar en los desafíos que tenemos por delante, porque en definitiva, la democracia es una condición necesaria, aunque no suficiente para el logro del desarrollo.

Debemos obtener una “democracia con resultados”, y para ello, el sistema republicano debe fortalecerse, ya que es la otra cara de la misma moneda, que comparte con la democracia.

La soberanía popular, la igualdad política, la división de poderes, la periodicidad en las funciones, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, la rendición de cuentas, y la transparencia, son elementos indispensables en una democracia moderna.

Que un fiscal pueda investigar libremente, y que haya menos corrupción, también fortalece a la democracia.

Como vemos, los desafíos son enormes, salvo que nos conformemos con los resultados que podemos exhibir.

Hace poco sancionamos la ley de primarias y el voto electrónico, mejorando notablemente la democracia hacia el futuro.

Desde esta casa de las leyes, debemos comprometernos a avanzar en la sanción de una Ley de Ética Pública de acuerdo a lo propuesto por el Sr. Gobernador,

y los proyectos existentes en la Cámara de Diputados.

Debemos sancionar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en sintonía con los proyectos existentes en la Cámara de Senadores.

Debemos hacer cumplir la ley de concursos para acceder y progresar dentro de la Administración Pública, profesionalizando y capacitando cada vez más a nuestro Servicio Público.

Debemos contar con un Sistema Estadístico Provincial, que nos permita tomar decisiones más científicas que políticas, disminuyendo la discrecionalidad y ampliando las posibilidades de aplicar las políticas públicas más correctas.

Para finalizar, quiero citar al escritor Mario Vargas Llosa, quien dijo de de este gran demócrata: “Mandela es el mejor ejemplo que tenemos —uno de los muy escasos en nuestros días— de que la política no es sólo ese quehacer sucio y mediocre que cree tanta gente, que sirve a los pillos para enriquecerse y a los vagos para sobrevivir sin hacer nada, sino una actividad que puede también mejorar la vida, reemplazar el fanatismo por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injusticia por la justicia, el egoísmo por el bienestar general, y que hay políticos, como el estadista sudafricano, que dejan su país, el mundo, mucho mejor de como lo encontraron.

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Desde que me inicié en la actividad política he adherido a los principios establecidos en la Constitución Nacional, al mantenimiento y consolidación del régimen democrático, representativo, republicano y federal de Gobierno.

Considero a la Democracia Constitucional el sistema que integra una forma de gobierno y un estilo de vida con los valores y actitudes que esto implica. Creo en el respeto a la Ley y la defensa de los derechos humanos a través de un Poder Judicial independiente.

Sostengo que una democracia no puede existir sin consensos, sin pluralismo, sin diálogo, sin opositores, y sin la existencia de partidos políticos con líderes honestos y capaces.

Soy defensor de la organización federal del estado sobre la cual se concretó la unión nacional, y de las autonomías provinciales.

Para mí el objetivo fundamental y prioritario de la actividad pública es  el hombre, que es un fin en sí mismo y nunca un medio, y la familia, base de nuestra organización social.

Pienso que el Estado tiene como función esencial administrar los intereses generales sin perturbar ni reemplazar las actividades que desarrollen personas y organizaciones creadas voluntariamente, al margen de la actividad social. Debe, así mismo, defender a la sociedad en su conjunto, y no ponerse al servicio de sectores determinados.

Estoy convencido que los mayores esfuerzos  de la acción política deben ponerse en lograr  que los argentinos tengan el más alto nivel de educación y cultura.

Entiendo que  los trabajadores deben contar con el derecho verdaderamente asegurado, de elegir libremente la asociación a la que deseen incorporarse, o de no incorporarse a ninguna. En  mi opinión la unidad sindical no debe ser impuesta por ley, sino como resultado de la libre determinación de los trabajadores. La Constitución Nacional dice en el Art. 14 bis …”Organización sindical libre y democrática…”

Considero que los temas  de la vejez, la niñez desvalida, las incapacidades, la enfermedad, la marginalidad y la exclusión social y económica,  no pueden ser ajenos a la preocupación y a la acción de los gobernantes.

En mi concepción,  la riqueza del país debe ser el resultado de la relación equilibrada y armónica del trabajo, el capital y la técnica, como también de una gestión inteligente, honesta y realista de las autoridades. Creo que los monopolios públicos o privados atentan contra la libre competencia, elevan los precios y detienen el progreso de nuevas tecnologías, y por eso el Estado debe combatirlos y eliminarlos.

Rechazo toda forma de violencia, porque entiendo que en una sociedad republicana  es el Estado quien debe  tener el monopolio de la fuerza legítima para combatir la delincuencia y proporcionar a la población un servicio de seguridad que garantice la integridad de las personas y de los bienes, siempre dentro del marco de la ley.

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